Se demora la entrega del nuevo edificio de la Ciudad Judicial.

Prórroga: este y otros aspectos obligaron al Superior Tribunal de Justicia a pedir una prórroga para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ya que recién en julio de este año estarían dadas las condiciones para ejecutarlo.
El pliego original de la obra de la nueva Ciudad Judicial dice que el imponente edificio debió entregarse el pasado 22 de enero. Sin embargo, la demora en algunos tramos de la construcción, la caída de dos licitaciones -entre ellas una millonaria relacionada con la central telefónica- y la falta de definiciones sobre quién proveerá los fondos para determinadas tareas, hacen que todavía no haya una fecha cierta sobre su puesta en funcionamiento.

Originalmente, para instalarse en la flamante e imponente CJ, el Poder Judicial provincial necesitaba una inversión de 6 millones de pesos e incorporar 8 técnicos para manejar el equipamiento, de acuerdo a lo que revelaron desde el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia el año pasado.

Hoy, con dos licitaciones puestas en marcha nuevamente y con la incertidumbre respecto de dónde surgirán los fondos para la vigilancia y las tareas de maestranza, tampoco se sabe el dinero que se necesitará para su instalación definitiva. “Estas son todas cuestiones que tenemos que acordar con el Gobierno”, le dijo ayer a El Diario una fuente judicial.

“De hecho, solamente para la limpieza de los vidrios se necesitan al menos 10 trabajadores... sin contar el resto de las tareas de maestranza y vigilancia. ¿De dónde van a salir los fondos para pagar todo esto?”, se preguntó la misma fuente.

Esto y otros aspectos obligaron al Superior Tribunal de Justicia a pedir una prórroga para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, ya que recién en julio de este año estarían dadas las condiciones para ejecutarlo.

Llamados a licitación

Las máximas autoridades del STJ debieron realizar, nuevamente este año, el llamado a los licitaciones: las de las cortinas -para la cual ayer mismo se afectó una partida de $ 700.000- y de la central telefónica, valuada en unos $ 2.000.000. Ambas licitaciones se cayeron a fines del año pasado, debido a que las empresas que participaron adujeron “problemas económicos debido a la gran crisis mundial”, dijo la fuente judicial que ayer habló con este diario.

Código procesal

Respecto a la implementación del Código Procesal Penal, el magistrado Víctor Menéndez -quien presidió el STJ durante el año pasado- fijó la posición del máximo órgano tribunalicio de la provincia tras su paso por la Cámara de Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2009.

“Apresurar la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal podría generar una mala aplicación del mismo, no porque sea malo, sino como consecuencia del apresuramiento”, dijo ante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, explicando el pedido de prórroga en la implementación del nuevo código.

Menéndez estuvo acompañado por el procurador general de la Provincia, Mario Bongianino, y la ministra del STJ Rosa Vázquez. Aseguró que “en julio del año que viene (por este año) estaríamos en condiciones de poner en marcha el sistema, así que inmediatamente después de la feria judicial ya estaríamos implementándolo”.

Para dar una idea de la magnitud de todo lo que hay que hacer y comprar una vez que el STJ tenga la llave del nuevo edificio en mano, Menéndez dijo que “en Salta una mudanza de este tipo les demandó 45 días... Hay que cortinar nueve mil metros, la inversión en ese solo rubro sería casi de un millón de pesos... es la segunda obra en importancia detrás del Acueducto, tiene tres mil metros más que el complejo de Casa de Gobierno... La tecnología aplicada con un sistema inteligente es impresionante, necesitaríamos incorporar a ocho técnicos... de base necesitaríamos para instalarnos una inversión de unos seis millones de pesos, por lo menos”.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal demandará la incorporación de nuevos funcionarios, según la puntualización del procurador Bongianino: “los fiscales asumen el compromiso de investigación penal y presentar el caso ante el juez, con carácter casi condenatorio, lo que multiplica su actividad”, detalló.

En algunos casos se demandarán dos fiscales con sus auxiliares. Se tendrían que incorporar en Santa Rosa y en Pico dos fiscales más en cada localidad y una mayor cantidad de defensores. “Hoy por hoy el ministerio público está debilitado ya que el fiscal no tiene el protagonismo que tendrá con el nuevo Código. Estamos trabajando en un ante proyecto de ley de ministerio público”, dijo el procurador.

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