Se demora el blanqueo por diferencias dentro del Gobierno

Se demora el blanqueo por diferencias dentro del Gobierno
Todavía falta la reglamentación que debe precisar en qué bienes pueden invertir los contribuyentes
Aunque formalmente arrancó hace 40 días, el régimen de blanqueo de capitales sigue siendo una ilusión en la práctica porque, a raíz de desacuerdos internos, el Gobierno no dictó una reglamentación que precise en qué bienes pueden invertir los contribuyentes. Además, persiste un vacío legal en torno de las infracciones penales cambiarias vigentes. Finalmente, el adelantamiento de las elecciones legislativas terminó de frenar esta medida tan promocionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Fuentes de la AFIP y de dos ministerios involucrados en la negociación de este tema confesaron que "falta una norma clave" para que el régimen de repatriación de capitales pueda comenzar a recibir interesados, más allá de algunos casos puntuales que ya se registraron.

El punto en conflicto es el artículo 27 de la ley 26.476, que dio origen al régimen y que determina las alícuotas a pagar para los que se acojan al blanqueo. Aunque ese artículo debía ser reglamentado hace más de un mes, subsisten "diferencias de criterio" entre la AFIP y los ministerios de Economía y de la Producción, reconocieron fuentes oficiales a La Nacion.

Mientras en la AFIP afirmaron que el asunto "excede la competencia del organismo", en Producción aclaran que hace un mes que redactaron un anteproyecto que está dando vueltas entre Economía y el ente que encabeza Ricardo Echegaray. Esa norma redactada por la cartera de Débora Giorgi incluye los siguientes bienes para su potencial blanqueo:

* Construcción, fabricación o adquisición de activos fijos nuevos.

* Fabricación o adquisición de bienes de capital definidos como tales en la Nomenclatura Común del Mercosur.

* Adquisición de insumos destinados a la producción agropecuaria y/o ganadera.

* Compra de equipamiento nuevo, sin uso.

* Producción televisiva, cinematográfica y/o editorial.

En sus considerandos, el proyecto indica que "resulta conveniente incentivar aquellas inversiones agroganaderas, industriales, de turismo y/o de servicios destinadas a mejorar el perfil productivo de la Nación y la generación de empleo genuino". En paralelo, Giorgi envió una nota a todos los gobernadores para que precisen cuáles son los proyectos más importantes en sus respectivos territorios, de modo de poder acoplarlos a este régimen, a través de un "banco de inversión". Días atrás, Giorgi declaró que "es importante ir al mundo mostrando nuestra solvencia macroeconómica, pero es imprescindible que agreguemos la tasa de retorno de cada proyecto, nombre y apellido de esas oportunidades que existen en cada una de las provincias".

Mientras continúa la indefinición sobre esta cuestión, tampoco se han zanjado los problemas por las sanciones previstas en la ley penal cambiaria para los capitales que se blanqueen, que no fueron contempladas en la ley 26.476.

Aunque se esperaba que un dictamen del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, pusiera un manto de olvido sobre estas sanciones hasta que termine el blanqueo, en septiembre próximo, aún no hubo una decisión al respecto. Tampoco los bancos están muy convencidos de que un dictamen administrativo los proteja frente a las sanciones previstas por una ley. "Hay muy pocas consultas por el blanqueo", expresó el titular de un importante banco en forma anónima.

Ruidos políticos

Por esta u otras razones, según dos importantes tributaristas consultados por La Nacion, "la mayoría de los bancos aún no manifestó su adhesión al régimen de blanqueo, por lo que si una persona quiere ir mañana a un banco y sumarse, difícilmente lo pueda hacer", indicaron Flavia Melzi y César Litvin.

Melzi, vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, expresó su sorpresa por "la falta de precisiones en un régimen tan importante para el Gobierno" y no descartó que haya que prorrogar su culminación.

Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, agregó que "ningún contribuyente se va a jugar a blanquear un bien si faltan definiciones tan importantes por parte del Gobierno y los bancos, ni siquiera los nacionales públicos expresaron su adhesión al régimen, pese a que el Banco Central ya lo permitió".

Más allá de estas cuestiones objetivas, Litvin admitió que la cuestión política influye para que este régimen avance mucho más lentamente que la moratoria (impositiva y previsional) contemplada en la misma ley sancionada a fin de 2008.

"El adelantamiento de las elecciones generó una actitud de espera; la gente quiere ver qué panorama queda después de junio para entrar o no", indicó el tributarista.

Luego de tantos esfuerzos volcados en que el régimen no sea cuestionado en el exterior por invitar al lavado de dinero, a los especialistas ?tan interesados como el fisco en este régimen, por obvias razones económicas? les llama la atención que el blanqueo no pueda ponerse definitivamente en marcha, sobre todo por las desinteligencias que subsisten puertas adentro del Gobierno.

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