Se demora el arranque de los contratos de PPP por el costo de financiamiento

Se demora el arranque de los contratos de PPP por el costo de financiamiento

Extendieron el plazo para las garantías por los contratos viales. Privados hablan de tasas altas para tomar crédito y el Gobierno les señala adveración a la competencia

 

El plan de participación pública privada (PPP) para las obras de infraestructura volvió a sufrir un nuevo aplazamiento. Esta vez, tiene que ver con las fechas establecidas para que los consorcios preadjudicatarios de las primeras licitaciones viales bajo este sistema depositen en forma de garantía el 40% de la oferta por un total de obras de alrededor de u$s 5409 millones para esta primera etapa.

 

 

La fecha establecida por el contrato firmado por los preadjudicatarios era el 6 de julio. El viernes pasado los consorcios debían depositar alrededor de u$s 2160 millones, suma que funciona como reaseguro para el Estado de que, si alguno se queda a mitad de camino, se ejecutarán las garantías.

 

 

Ahora, a pedido de los privados, en especial de las patas locales de los proyectos, el Gobierno decidió flexibilizar la fecha de entrega de estas cifras, extender el plazo por una semana y fijarlo como primer día de depósito el próximo viernes 13 julio.

 

 

"Es una buena medida en este contexto, porque hay muchos que están teniendo problemas para obtener el financiamiento internacional", explicó una fuente del sector local que ganó uno de los corredores. "Hay algunos que dicen que ya tienen el crédito, algo que parece dudoso en este contexto, pero la mayoría todavía está negociando", agregó.

 

 

Desde otras de las compañías constructoras que forma parte de un consorcio que se hizo preadjudicatario de uno de los corredores viales licitados vía PPP, señalaron a El Cronista, respecto a la entrega de las garantías se estableció el próximo 13 de julio: "Las empresas pedimos extenderlo más con una prórroga de 60 días, pero aún no tuvimos respuesta".

 

 

A la hora de explicar por qué del pedido, el empresario señaló que la crisis argentina "ha generado demoras para obtener el financiamiento y por eso se requiere una pequeña demora. Por otra parte, no es lógico que debamos endeudarnos a estas tasas y con la reticencia que tienen hoy los bancos pues en los primeros 180 días no hay entrega de títulos TPI y hay que hacerlo con endeudamiento de bancos locales". Los Títulos de Pago de Inversión (o TPI) son bonos en dólares a 10 años que se pueden comercializar en el mercado.

 

 

Las empresas preadjudicatarias son para el corredor vial A el consorcio Paolini, Vial Agro, INC. (u$s 1002 millones); el B China Construction America, Green SA.(u$s 1175 millones); el C José Cartellone Construcciones Civiles S.A. (u$s 801 millones); el E Helport, Panedile, Eleprint, Copasa (u$s 1010 millones); el F Helport, Panedile, Eleprint, Copasa (u$s 722 millones) y el Corredor vial SUR el consorcio Rovella Carranza, JCR SA, Mota - Engil (u$s 699 millones).

 

 

En el Ejecutivo entienden que parte de la queja y los reparos que tienen los privados está relacionado con la "incomodidad" de competir que generan estos contratos.

 

 

Como repiten en cada exposición pública donde se explican los PPP, los funcionarios señalan que hay un reparto de los riesgos y que ahora los privados "van a tener que competir, ajustar sus números".

 

 

Sobre el punto de lo complicado o no que puede ser conseguir el financiamiento, recuerdan que los contratos establecen un año para obtenerlo. "Hay turbulencias pero están cubiertos. Si el riesgo país sube, nosotros vamos a entregar más TPI, así como si baja van a recibir menos. Los empresarios tienen que entender que el negocio está en gestionar la obra y no en el contrato y las readecuaciones de precios".

 

 

Respecto a los próximos PPP para este año ya se están preparando dos nuevos llamados. Uno es el tren a Vaca Muerta, obra por unos u$s 570 millones; el otro la interconexión entre las estaciones transformadoras de Río Diamante (Mendoza) y Charlone (noroeste de Buenos Aires).

 

 

Según el plan oficial, entre 2018 y 2023 hay 60 proyectos por u$s 26.000 millones. Durante el 2019 se licitarían obras por u$s 4526 millones, número que crecería de la mano del recorte en obra pública vía financiamiento del Tesoro, que tanto Nación como las provincias deberían suplantar por recursos provenientes de esta modalidad.

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