La democracia se amplía con un periodismo responsable y sin trabas

Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa, en virtud de una resolución de la ONU de 1993, basada en la Declaración de Namibia, aprobada dos años antes. Su premisa -la promoción de una prensa libre, independiente y pluralista como componente esencial de toda sociedad democrática- resiste distintos embates.
La nueva estrella de la esfera pública

Cuando la revolución estaba en el orden del día y muchos de quienes hoy gobiernan la Argentina formaban parte, como quien esto escribe, de los contingentes juveniles radicalizados, la libertad de prensa iba a parar a la bolsa de las "libertades formales", junto con otros derechos ejercidos por los poderosos en defensa de sus intereses materiales revestidos por la ideología. Se condenaba, por supuesto, la censura ejercida por las dictaduras, pero la libertad de prensa no era la clave de la esfera pública y de la política.

Se pensaba que la futura sociedad revolucionaria no debía responder a los principios burgueses de una libertad que sólo ejercían los dueños de los medios de comunicación para defender sus intereses de clase. Se pensaba también que en esas sociedades más transparentes la educación de las masas desalojaría la información que esas mismas masas recibían de los medios de comunicación que expresaban a sus explotadores. La represión a la prensa en Cuba o en China no planteaba un escollo ni siquiera a los periodistas que visitaban esos países.

Desde mediados de la década del setenta, con la crisis de la idea revolucionaria, estas certezas perdieron terreno. Salvo en cuevas recalcitrantes, el reclamo de la circulación de información sin injerencias ni presiones estatales pasó a formar parte de un refundado campo progresista y se transformó en cuestión de principio. Del lado de los gobiernos esta profunda mutación produce reacciones conflictivas. Por una parte, los políticos han aprendido una lección impartida por las ciencias sociales: no hay política sin medios de comunicación. Por eso viven pendientes de lo que sucede en la esfera mediática.

En el siglo XIX, los políticos argentinos fueron todos periodistas, fundaron diarios, polemizaron a través de sus columnas. Hoy, los políticos argentinos no responden a ese perfil intelectual y son más críticos de la prensa que protagonistas en sus debates.

Por otra parte, la prensa, sobre todo a través de la esfera audiovisual y crecientemente de Internet es un universo con más pliegues que los ofrecidos hace tres décadas por un puñado de grandes diarios tradicionales. Todo ha cambiado. Negar que existen intereses económicos detrás de los medios de comunicación equivaldría a la ingenuidad más extrema. La cuestión no es esa sino de qué modo los gobiernos, en primer lugar, suspenden de raíz sus ataques a la prensa por una razón evidente: todo lo que se diga desde el poder contra la prensa es una amenaza que, en Argentina, ha tenido avatares siniestros. En segundo lugar, de qué modo las leyes impiden que los gobiernos manipulen a la prensa sitiando a los medios más débiles mediante el reparto cortesano de la publicidad oficial.

La prensa debe procesar a conciencia su nuevo estatuto de estrella de la esfera pública. Para responder a los ataques, es indispensable una foja limpia, prácticas internas que aseguren la expresión de los periodistas y políticas encaminadas a alcanzar un nivel de calidad informativo que permita responder a las presiones del poder con la verdad de un oficio bien construido y con el respeto a principios liberales que rijan dentro de su propio espacio.

La política argentina debe firmar un compromiso de libertad; la prensa necesita discutir un orden para el siglo XXI, y no sólo en términos de tecnología.

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