Demasiado desprolijo para ser fiable.

Lapidarias para la pretensión del Gobierno de concretar el contrato de venta de gas de regalías con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química resultaron las opiniones surgidas desde los órganos de control sobre el convenio en cuestión.
El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado señalaron que el expediente para la venta de regalías presenta innumerables irregularidades administrativas y que el contrato de venta está plagado de cláusulas que no se ajustan a la legislación vigente y resultarían perjudiciales a los intereses de la Provincia.

Lapidarias para la pretensión del Gobierno de concretar el contrato de venta de gas de gas de regalías con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química resultaron las opiniones surgidas desde los órganos de control sobre el convenio en cuestión.

Del análisis de la documentación que fuera remitida por el Gobierno al Tribunal de Cuentas –y por éste a la Fiscalía de Estado– surge, a entender ambos órganos de control, la existencia de injustificadas irregularidades administrativas, y lo que es aún peor, la inclusión de cláusulas contractuales que no se ajustan a la legislación vigente y que podrían resultar perjudiciales para los intereses de la Provincia.

El Tribunal de Cuentas indica que la operación no cumpliría con los requisitos exigidos en la ley nacional de lavado de activos, en tanto que la Fiscalía de Estado puntualiza, entre otras cuestiones, que el contrato obliga a pagar a la empresa unos 8 millones de dólares menos por la compra de gas de los primeros tres años, de lo que en realidad debería desembolsar. Interpreta además que tal está redactado, el contrato eximiría ala empresa de cumplir con la obligación de construir y poner en funcionamiento la tan mentada planta de metanol.

Operación "sospechosa"

Además del faltante de 40 fojas en el expediente remitido, la incorporación de documentación no certificada y carente de traducción al idioma español y la casi nula intervención de la Secretaría Legal y Técnica en cuanto al análisis de legalidad de la documentación y del contrato, el Tribunal de Cuentas alerta que "en consideración de los valores que arroja el estatuto en cuanto al capital social de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (500 mil pesos) y el precio que se compromete a pagar (90,2 millones de dólares), resulta evidente que no cuenta con capital social suficiente para afrontar la inversión que se comprometió a realizar, requisito ineludible en toda operación de contratación con el Estado", por lo que en el marco de la reforma al Código Penal podría ser considerada una "operación sospechosa" de "encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo". Esa norma nacional, en su artículo 21 dispone que "… se considerarán operaciones sospechas aquellas operaciones transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada…", recuerda al Gobierno el órgano de control.

Agrega además que para el caso de que la inversión se llevase a cabo mediante fondos extranjeros, se deberá verificar el origen de los mismos, a fin de asegurar que no se trate de una operación de lavado de activos, conforme lo dispuesto en la ley nacional de lavado de activos", para de ese modo salvaguardar "los intereses del Estado Provincial" y garantizar la inversión.

Se sostiene además que el contrato puesto a su consideración no concuerda con el memorando firmado en China, en junio de 2008, y que "exorbita los parámetros establecidos en la ley 744", que la Legislatura aprobara en diciembre de 2008 para amparar, por vía de excepción, la contratación directa de venta de gas de regalías con la empresa, ya que autoriza a Tierra del Fuego Energía y Química a "ceder libremente, total o parcialmente, intereses, derechos y obligaciones e inclusive la participación en la oferta de gas a cualquiera de sus compañías afiliadas, vinculadas y controladas así como a otras personas" y a "revender" parte de los volúmenes de gas adquiridos a la provincia.

Números que no cierran

Al margen de las severas observaciones formuladas en cuanto a las innumerables irregularidades formales y técnicas detectadas en la actuación administrativa dada por el Gobierno al expediente en cuestión –muchas de las cuales son compartidas por ambos órganos de control–, la Fiscalía de Estado desnuda una profunda inconsistencia en la elaboración de la oferta de venta de gas a favor de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química que resultaría altamente perjudicial para los intereses de la Provincia.

Señala que la Provincia se compromete a suministrar durante los primeros 3 años de contrato (considerando meses de 30 días) un mínimo de 1.620 millones de metros cúbicos o su equivalente a 54,5 millones de BTU (29,7 m3 por millón BTU como se estipula en el contrato) a razón de 1,80 dólares por millón de BTU; lo que arrojar un monto total a pagar por la empresa de 98,2 millones de dólares, en tanto que en la cláusula 2.1 del mencionado contrato se estipula que "el precio total a pagar por 1.359 millones de metros cúbicos de gas natural será de 90,3 millones de dólares", lo que representaría una diferencia en menos de 7,9 millones de dólares para la Provincia.

El desaguisado resulta mayúsculo ya que la Provincia a pesar de pactar como cantidades mínimas de entrega diaria 1,5 millones de metros cúbicos de gas, reduce este volumen a 1,2 millones de metros cúbicos días sin explicación alguna, y la empresa acepta pagar por cada millón de BTU 1,97 dólares en lugar de los 1,80 dólares estipulados en el contrato.

También objeta que en el contrato se indique que "efectivizado el suministro de gas objeto de la presente, TDFEQ realizará en una primera etapa una inversión…" de 350 millones de dólares para la construcción de la planta de metanol, ya que de ello se desprendería que "la inversión recién sería efectuada una vez efectivizado el suministro de gas, por lo que parecería (…) que la provisión de gas pasaría a ser previa no solo a la puesta en marcha de la planta a la cual se destinaría dicho gas, sino incluso al inicio de la construcción misma". Para la Fiscalía de Estado, esta cláusula "no hace más que ratificar" su sospecha de que "se pretende desligar a la empresa de la principal obligación que tenía, consistente en la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de metanol".

Sobre esta cuestión, plantea como interrogante dónde será almacenado el gas que la empresa comenzará recibir a partir del día siguiente a la aceptación de la oferta y qué hará con él durante los 24 meses que demandará la construcción y puesta en funcionamiento de la planta. "¿Qué pasaría en tal caso? Deberíamos proveer de gas a la empresa, y como la misma no tiene donde emplearlo puesto que la planta no existe, ni tampoco donde almacenar tamañas cantidades que crecerían exponencialmente durante 3 años, podría concluir en que se vería obligada a venderlo. ¿A qué precio?' y en cuyo caso "¿Se cumpliría el objetivo tenido en mira?" y "¿Se respetaría el espíritu en base al cual fue acordada la excepción por parte de la Legislatura provincial?", se pregunta este órgano de control. En este punto agrega que en el contrato tampoco se ha incorporado cláusula de rescisión a favor de la provincia ante el incumplimiento de la empresa de los plazos para la finalización de la construcción de la planta de metanol y su puesta en funcionamiento.

¿Ayudando a esquivar el pago de impuesto de sellos?

También considera objetable el mecanismo implementado para la venta de gas de regalías, consistente en una "oferta por parte de la Provincia y posterior aceptación de la mencionada empresa", ya que indica que esta modalidad "es la implementada por las empresas petroleras en diversas ocasiones con el objeto de elidir el pago por impuesto a los sellos". Por tal razón recomienda reformular el mecanismo del acuerdo para garantizar así "una nueva, y no menor, fuente de ingresos para la Provincia por vía del impuesto a los sellos.

Nueva intervención legislativa

Para los órganos de control también resulta evidente que el Parlamento deber tener una nueva intervención en el tema, ya que el contrato en cuestión "se han incluido cláusulas que se contradicen con lo aprobado por el mencionado cuerpo o, en el mejor de los casos, introduce elementos de contratación de notoria importancia en la toma de decisión sobre el particular, y que todo indica no fueron evaluados por los legisladores hasta ahora", tales como posibilidad de revender dada a la empresa de parte de los volúmenes de gas comprados a la provincia, o el cambio de parámetros tomados en cuenta para el recálculo del valor que debe pagar la empresa por millón de BTU (en lugar de la variación del precio internacional del gas natural se lo reemplaza por el precio regional del gas natural y la cuenca de abastecimiento dedicada a la presente oferta).

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