Demandaron en la Justicia al EPRE por acoso laboral

Son dos abogados y fueron despedidos del organismo sin causa. Reclaman daños y puntualizan en Rivera Prudencio.
Luego de ser despedidos en diciembre sin sumario previo ni causa, Martín González y Pablo Moya interpusieron cada uno una demanda contra el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para que los reincorporen en sus cargos y los indemnicen al haber sido víctimas de un supuesto acoso laboral por parte de sus superiores. Eran abogados de planta permanente del Ente y en sus presentaciones judiciales dan cuenta de presuntos malos tratos y hostigamientos de las autoridades del organismo, focalizando especialmente en el presidente, Jorge Rivera Prudencio. Desde que la provincia legisló el año pasado sobre violencia en el ámbito de trabajo, es la primera vez que empleados públicos promueven un planteo de este tipo.

Las demandas ingresaron a Tribunales, en el fuero Laboral, en febrero pasado, pero recién salieron a la luz ayer. La de Moya recayó en el juez Miguel Licciardi y la de González está en manos de Juan Jesús de Vita.

Ayer, hubo silencio de los protagonistas. Desde el EPRE aseguraron que no tienen ningún comentario que hacer porque no han sido notificados. Mientras que Moya y González le dijeron a este diario que no harán ninguna declaración.

La base de los planteos es el presunto acoso laboral al que fueron sometidos Moya y González como integrantes del Servicio Jurídico Permanente del EPRE. Y si bien nombran al Directorio como representante del organismo, en el relato de los hechos ponen a Rivera Prudencio, por sí mismo o a través del Gerente del organismo, Roberto Ferrero, como el principal causante de ese acoso.

Entre otras cosas, González y Moya dicen en sus demandas que la Presidencia no estaba de acuerdo con sus dictámenes y que en varias oportunidades recibieron presiones. Según los planteos, la conducción pretendía "inducir cambios de criterio y/o modificaciones a ciertos informes" del área legal. Además, aseguran que cuando esos criterios no coincidían, los acusaban de tener alguna intencionalidad, "mala fe" y que "ponían palos en la rueda". Por otra parte, denuncian "interpelaciones de Rivera", descalificaciones y malos tratos.

Pero la cosa no queda ahí. Manifiestan que el Directorio le impuso a González como máximo responsable del área Legal, una sanción en la que no le permitieron ejercer el derecho de defensa.

Los profesionales sostienen que el remate llegó con un sumario administrativo, en el que se los cuestionaba por el régimen horario que cumplían. En las demandas dicen que fue para buscar una causa de despido, lo tildan de injustificado e irregular, porque en lugar de hacerlo un abogado de Asesoría Letrada o Fiscalía de Estado, como corresponde en todo organismo público, se contrató una abogada externa. Lo que consideran que fue un síntoma de que ya los habían condenado.

Lo cierto es que la tortuosa relación terminó en diciembre, con el despido de los dos sin que el sumario fuera resuelto y sin invocar una causa. En los telegramas, la conducción del EPRE asegura que no cumplían debidamente con su trabajo, que eran perjudiciales para el organismo y que incurrieron en conductas indebidas. Sin embargo, no toma esos hechos como "causal de despido con justa causa" por ser algo que generaría más "desgaste administrativo" y directamente ordena que se los indemnice por miles de pesos con plata del Estado.

Los abogados solicitan ser reincorporados, por considerar que los despidos son arbitrarios y violatorios de garantías constitucionales. El argumento: que son empleados públicos y como tales, tienen estabilidad y la única forma de dejarlos cesantes es con un sumario administrativo mediante. Hecho que en este caso no sucedió, ya que el sumario que les iniciaron no se terminó.

Al mismo tiempo, González y Moya piden una indemnización por el daño que se les causó con el supuesto acoso. Agravado en el caso del primero, ya que hay un informe de un médico psiquiatra que lo acredita y que da fe del stress y las consecuencias psicológicas que le generó el conflicto laboral.

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