El organismo sostuvo que nunca se consultó al pueblo ranquel que opinaba sobre el corte del río. “Esta iniciativa es de hace muchos años, aunque quizás antes no estábamos tan maduros políticamente como para saber de qué manera podíamos a ayudar”, dijeron.

Miembros del Consejo Provincial Aborigen (CPA) se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la forma de “Amicus Curiae”, para participar en la audiencia del 14 de junio.

Sobre el tema hablaron María Inés Canuhé, representante del CPA, y Carlos Mateo Martínez, delegado del Oeste pampeano. Expresaron que como pueblo originario y nación preexistente, “tenemos mucha legislación y antecedentes, donde en toda esa zona de la cuenca del Chadileuvú y Atuel, fue siempre ranquel”.

Canhué sostuvo que nunca se consultó al pueblo ranquel que opinaba sobre el corte del río. “Esta iniciativa es de hace muchos años, aunque quizás antes no estábamos tan maduros políticamente como para saber de qué manera podíamos a ayudar a la resolución de este juicio, que afecta directamente a toda nuestra población”.

Esta fue la primera acción que están realizando desde el CPA, “para que se respete la legislación vigente en cuanto a los recursos naturales de los pueblos originarios. Nuestras comunidades están asentadas allí y los que no están son los que tuvieron que emigrar por el corte del río. Presentamos ante la Corte qué opina nuestro pueblo y cómo se nos ha perjudicado a raíz de las acciones inconsultas de Mendoza”, amplió.

El corte del río, además, produjo una desintegración social masiva. “Fuimos a Buenos Aires porque queremos que la Corte conozca nuestros derechos fundamentales. Creemos que con buen criterio sabrá decidir al respecto”, dijo.

Están a la espera de que la Corte los autorice a participar de la audiencia de conciliación del 14 de junio. “Nuestro parlamento decidirá quienes irán a hablar. Habrá relatos de pobladores que comentarán el antes y el después del corte del río Atuel, para que sepan cuál fue el perjuicio económico, social y cultural producido”.

“La Pampa es parte de la nación argentina como un organismo vivo y jamás se me ocurriría que alguien que está en un alto cargo para defender los derechos de la Nación, pueda cortarle la circulación de algo tan vital como es el río, a una parte de esa Nación, para favorecer a otra”, afirmó Canhué.

Carlos Mateo Martínez contó que vive en esa zona y tiene un vasto conocimiento desde lo ancestral y de la historia que se ha vivido en los cortes del río. “Hacer una narrativa para la Justicia, debe ser de una persona que ha vivido ahí, algo cierto y que se ve en el transcurrir de la vida. El río tiene una historia y por el 1909, donde era territorio nacional, se ceden 9.700 hectáreas para que los productores hagan cultivos en esa zona. Fueron chacras fiscalizadas y con el corte fue caótico para la gente que hacía esos cultivos”, indicó.

Afirmó que “la lucha hay que plantearla con frialdad y con derecho. Nosotros estamos con el convenio 169, donde los pueblos originarios están atados a esa ley; hemos trabajado en el reclamo territorial de cada sector de La Pampa y nos ha dado muchos beneficios. Vamos a ser fuertes para que sea posible en un reclamo justo”, concluyó Martínez.