El represor Néstor Greppi, que fue secretario de la Gobernación en La Pampa durante la dictadura militar, será indagado este miércoles en el Juzgado Federal de Santa Rosa, acusado por delitos sexuales cometidos durante la actuación de la Subzona 14, en el marco de la investigación para el segundo juicio que se realizará en la provincia a los responsables del terrorismo de estado. Lo asiste el defensor oficial ad hoc, Federico Miller. “Era una práctica más o menos habitual”, afirmó el abogado querellante, Franco Catalani, sobre los ataques sexuales sufridos por las mujeres secuestradas durante la última dictadura militar.

El martes ya fue indagado por este tipo de delitos el exjefe de la Policía, el exmilitar Luis Baraldini, aunque se negó a declarar. La jueza federal, Iara ilvestre, ahora tiene 10 días hábiles para resolver su situación procesal. El resto de los acusados será convocado durante los próximos días. Las indagatorias de los expolicías Carlos Reinhart y Roberto Fiorucci fueron postergadas porque el abogado defensor, Hernán Vidal, no pudo viajar para asistirlos en ese trámite. Además, el exmilitar Carlos Alfredo Sabattini declarará el 10 de abril, a las 8 de la mañana. Y el 13 será indagado Jorge Omar de Bartolo, un excapitán que en 1976 estuvo al mando de la Sección Logística del Regimiento 101 de Toay.

Dos víctimas, seis acusados

Los seis represores enfrentan indagatorias por delitos sexuales, que se sumarían a las imputaciones por genocidio, asociación ilícita, tormentos y torturas, que ya aparecen en esta segunda instancia del juicio por la represión desatada por la Subzona 14 durante la última dictadura militar. El abogado Franco Catalani, querellante por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y otras víctimas, había pedido indagatorias por los hechos denunciados por cuatro víctimas. Sin embargo, la jueza Iara Silvestre solo aceptó por ahora indagar a los acusados por dos de esos casos. Son mujeres que fueron secuestradas el marco de la represión que desató al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Las víctimas relataron abusos y violaciones, algunas ya durante las audiencias del primer juicio a los represores, que se realizó en los últimos meses de 2010, y otras aportaron su testimonio en el Juzgado Federal, por primera vez, durante la investigación de la segunda causa.,

Catalani recordó que el Juzgado Federal, desde el principio de la investigación, no diferenció entre los delitos de tormentos y abusos sexuales. A medida de que se fueron tomando testimonios, la querella consideró que los hechos debían calificarse de forma autónoma. El Juzgado rechazó esa pretensión porque estimó que los ataques sexuales estaban contenidos dentro del delito de tormentos. Pero esa resolución fue cuestionada ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca por la querella y la fiscalía.

A fines del año pasado, los jueces bahienses revocaron la decisión del juzgado y le ordenaron que si se comprobase una “intención sexual lesiva”, como en el caso de una penetración, se lo considere otro tipo de delito, aparte del de tormentos y torturas.

“Los que aparecen acusados fueron mencionados por las víctimas. Pedimos por cuatro casos, pero han llamado por dos”, precisó Catalani. El abogado prefirió mantener resguardado la identidad de las cuatro víctimas. Entre los indagados, explicó, “hay acusados de jerarquía, que estuvieron, consintieron y ordenaron la violación; y directos, que intervienieron directamente en la consumación, los que la han cometido. Baraldini, Greppi, Fiorucci y Sabattioni son persona de jerarquía. De Bartolo y Reinhardt no, de segunda línea”.

Visibilización

Para Catalani, la aceptación de diferenciar los delitos sexuales “es fundamental” porque “le agrega una significación al terrorismo de estado que estaba oculta, como invisibilizada, dentro de las tipificaciones de tormento”. “Sobre todo, es un triunfo de algunos colectivos sociales de género que han hecho mucho hincapie que no solo tenía la significación que le hemos dado sino que además tenía un ensañamiento especial en contra de las mujeres, contra el género femenino, y además se basa en una concepción patriarcalistas y machista muy fuerte. Que se impute a estas personas da visibilidad a la cuestión de género dentro del terrorismo”, agregó.

Los ataques sexuales dentro de los centros clandestinos eran “una práctica relativamente habitual, estaba dentro de lo que sucedía en forma más o menos habitual”, estimó.

Estas acusaciones se ventilarán también en el juicio que afrontarán los acusados por tormentos. “Probablemente en el juicio haya alguna modificaición procesal para proteger la identidad de las víctimas. El juicio es público salvo en casos como estos. Es probable que haya alguna modificación para que no sea pública esa parte del juicio”, acotó.

Reconocieron un lugar

Por otra parte, Catalani reveló que otra medida que se tomó en la causa fue una inspección ocular al local bailable "El Castillo", en cuyo inmueble, en 1977, fue torturado Augusto Menghi. Hace diez días, la jueza Iara Silvestre inspeccionó el lugar y Menghi reconoció la parte subterránea como el sitio donde fue torturado mientras estaba detenido. La magistrada además solicitó la información registral al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de averiguar quiénes eran los dueños anteriores del predio. Los actuales propietarios lo adquirieron en 1991 y realizaron cambios en la construcción desde entonces.

¿Juicio en 2016?

Finalmente, consultado sobre el avance de la investigación, Catalani mencionó que “hay una buena parte que ya está confirmada, el año pasado se dictó el procesamiento por 210 casos de los 360 que se investigan. Eso fue apelado, pero la cámra ya confirmó la mayoría. Esto no va a variar, podemos decir que gran parte está concluído”.

Sin embargo, el letrado estimó que no se llegará al juicio durante este año y que “es probable” que se realice durante 2016. “Todo depende de cómo evoluciona lo que falta hacer, si hay procesamiento por delitos sexuales también puede ser apelado. También el juzgado puede decidir fraccionar la causa y mandar a juicio lo que ya tiene y seguir aparte con lo otro”, dijo.

“Un tercer juicio es una posibilidad, se puede cerrar con las dos terceras partes y mandarlo a juicio y quedarnos con una cuarta parte y seguir investigando. Son decisiones que se van a ir tomando de acuerdo a lo investigado”, concluyó.