El represor Néstor Greppi, que fue secretario de la Gobernación en La Pampa durante la dictadura militar, fue indagado este miércoles en el Juzgado Federal de Santa Rosa, acusado por delitos sexuales cometidos durante la actuación de la Subzona 14, en el marco de la investigación para el segundo juicio que se realizará en la provincia a los responsables del terrorismo de estado. Lo asistió el defensor oficial ad hoc Federico Miller y declaró durante una hora y media.

Según trascendió, el exmilitar dio su versión de los hechos.  Negó haber tenido alguna incidencia en los dos hechos que se le imputoran. El represor primero hizo un descargo. Luego contestó preguntas: en relación a los dos casos de abuso sexual que se le imputan como autor mediato, dijo que no tenía ningun tipo de responsabilidad en ambos hechos. Una de las víctimas relató que fue violada durante un traslado desde General Pico a la Seccional Primera de Policía de Santa Rosa. Y la otra mujer denunció que fue violada en el interior de ese centro de detención ilegal.

El lunes ya había sido indagado por este tipo de delitos el exjefe de la Policía, el exmilitar Luis Baraldini, quien se negó a declarar. La jueza federal, Iara Silvestre, ahora tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de ambos.

El resto de los acusados será convocado durante los próximos días. Las indagatorias de los expolicías Carlos Reinhart y Roberto Fiorucci fueron postergadas porque el abogado defensor, Hernán Vidal, no pudo viajar para asistirlos en ese trámite. Además, el exmilitar Carlos Alfredo Sabattini declarará el 10 de abril a las 8 de la mañana. Y el 13 será indagado Jorge Omar de Bártolo, un excapitán que en 1976 estuvo al mando de la Sección Logística del Regimiento 101 de Toay.

Los seis represores enfrentan indagatorias por delitos sexuales, que se sumarían a las imputaciones por genocidio, asociación ilícita, tormentos y torturas que ya aparecen en esta segunda instancia del juicio por la represión desatada por la Subzona 14 durante la última dictadura militar. El abogado Franco Catalani, querellante por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y otras víctimas, había pedido indagatorias por los hechos denunciados por cuatro víctimas.

Sin embargo, la jueza Iara Silvestre solo aceptó, por ahora, indagar a los acusados por dos de esos casos. Son mujeres que fueron secuestradas el marco de la represión que desató el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Las víctimas relataron abusos y violaciones, algunas ya durante las audiencias del primer juicio a los represores, que se realizó en los últimos meses de 2010, y otras aportaron su testimonio en el Juzgado Federal, por primera vez, durante la investigación de la segunda causa.

El Juzgado Federal, desde el principio de la investigación, no diferenció entre los delitos de tormentos y abusos sexuales. A medida que se fueron tomando testimonios, la querella consideró que los hechos debían calificarse de forma autónoma. El Juzgado rechazó esa pretensión porque estimó que los ataques sexuales estaban contenidos dentro del delito de tormentos. Pero esa resolución fue cuestionada ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca por la querella y la fiscalía.

A fines del año pasado, los jueces bahienses revocaron la decisión del juzgado y le ordenaron que si se comprobase una “intención sexual lesiva”, como en el caso de una penetración, se lo considere otro tipo de delito, aparte del de tormentos y torturas.

Los que aparecen acusados fueron mencionados por las víctimas. Pedimos por cuatro casos, pero han llamado por dos”, precisó Catalani. El abogado prefirió mantener resguardada la identidad de las cuatro víctimas. Entre los indagados, explicó, hay acusados de jerarquía, que estuvieron, consintieron y ordenaron la violación; y directos, que intervinieron directamente en la consumación, los que la han cometido. Baraldini, Greppi, Fiorucci y Sabattini son personas de jerarquía. De Bártolo y Reinhardt no, de segunda línea.