Deliberada omisión de la audiencia pública.

Después de dilatar el proceso de transparencia que el propio Gobierno dijo buscar al dictar el decreto 723/09, el viernes y a través de una gacetilla oficial la gestión de Fabiana Ríos dio a conocer que había colgado en el portal web de Tierra del Fuego los datos académicos y profesionales (reunidos como curriculum vitae) del abogado Javier Darío Muchnik, quien fuera nominado por el Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia tras la renuncia de Mario Arturo Robbio.
El difícil acceso a esa información, al que se llega sólo a través de un intrincado laberinto en la web, y la eliminación de etapas previas que el propio Gobierno puso como prioridades, tiñe de sospecha la real intención del Ejecutivo, más aún cuando se hace extremadamente difícil encontrar en el mismo lugar el texto del decreto de referencia para cotejar lo que se publicita.

Claro está que el Gobierno omite deliberadamente indicar por qué descarta la audiencia pública que prevé el 723, como paso previo a todo el andamiaje que el Ejecutivo puso para generar ese proceso de transparencia y exposición, a fin de permitirle a la ciudadanía que se exprese respecto al profesional seleccionado y de esta manera, pueda adherir o rechazar su nominación.

El absurdo cambio de actitud, no solo que no resiste archivo, sino que además abre un fuerte interrogante sobre el concepto de transparencia que cultiva en ala política del Gobierno y la propia Fabiana Ríos.

La información que surge de la Secretaría de Comunicación Institucional que desde no hace mucho conduce Ricardo González Dorfman saca del escenario los objetivos clara y fuertemente difundidos por la misma área, en el mes de abril.

El resto de los medios de prensa puede verificarlo. En un primer comunicado de fecha 19/04/2009 (19.04) se afirmaba lo siguiente: "La medida establece que antes de expedirse de manera fundada sobre la designación o no del candidato seleccionado por el Consejo, el Poder Ejecutivo Provincial deberá realizar una audiencia pública, publicar los antecedentes curriculares del postulante, recibir objeciones por escrito y recabar información impositiva".

Tres días después, 22/04/2009 (9.04), desde la misma secretaría se difundía con el título "Una contribución válida y Útil" la opinión del colegio de abogados de Ushuaia, de esta manera: "El Gobierno celebró el acompañamiento al decreto 723/09 rubricado por la gobernadora Fabiana Ríos que instaura un sistema inédito de control Ciudadano disponiendo que la propuesta del candidato a juez será sometido a una consulta ciudadana, abierta a la ciudadanía en general, a organizaciones no gubernamentales, a los colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos". Y prosigue: "La manifestación del Colegio de Abogados de Ushuaia, en apoyo a la medida de someter a una audiencia pública la designación de los candidatos, fue analizada por las autoridades gubernamentales tras las declaraciones públicas del presidente de esa institución, Raúl Aciar".

A ojos vista, no solo el cambio de autoridades del área modificó la mecánica y el ritmo comunicacional que tenía la gestión de Gabriel Ramonet, sino que lo prioritario y central de esa búsqueda de transparencia fue derrotado por los mismos que empujaron la salida del autor de "Justicia Adicta" de la hoy degradada gestión de Fabiana Ríos.

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