D´Elía pateó para adelante un juicio

D´Elía pateó para adelante un juicio
El dirigente piquetero recusó a los fiscales de la causa por obstaculizar el tránsito durante una marcha. El juez todavía no puso nueva fecha.
El líder piquetero de Federación Tierra y Vivienda Luis D'Elía recusó a todos los fiscales penales y contravencionales porteños y, de esa manera, consiguió suspender el juicio oral y público que debía afrontar, desde el próximo lunes, por obstaculizar el tránsito con una marcha.

La jueza en lo Penal y Contravencional de la Capital FederalCristina Lara aplazó el juicio que D'Elía debía afrontar desde el lunes mientras no se resuelvan las recusaciones. Hasta tanto, no habrá nueva fecha de juicio, explicaron fuentes judiciales cercanas al dirigente piquetero.

La defensa de D'elía cargó especialmente sus dardos contra el fiscal general porteño Germán Garavano, sobre quien dijo que su "único mérito es que lo puso el Jefe de Gobierno".

"Este fiscal le da instrucciones generales y específicas a los fiscales de primera instancia, y de esta manera está en juego la imparcialidad", señaló el abogado de D’elía, Adrián Albor.

El abogado propuso, como "garantía de imparcialidad", que en el juicio actúe un fiscal de otra jurisdicción, es decir que no sea un representante del Ministerio Público porteño.

La Justicia local desestimó en primera instancia la recusación, pero la medida fue apelada y ahora está a estudio de la Cámara Penal y Contravencional, que será en definitiva la que deberá destrabar el planteo del piquetero.

D'Elía está acusado por "obstruir" la vía pública y afectar el funcionamiento de los servicios públicos, una figura contemplada en el artículo 78 del Código Contravencional, que establece penas de multa de hasta 1.000 pesos o entre uno y cinco días de trabajos de utilidad pública.

Los cargos también comprenden la presunta infracción al artículo 69, que establece multa de hasta 5.000 pesos y dos días de arresto para quien "afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos".

El piquetero oficialista tiene al menos otros dos procesos abiertos: la toma de la Comisaría 24, hecho por el que ya fue llamado a indagatoria, y la presunta agresión a un dirigente ruralista en el marco de las manifestaciones a favor y en contra de la resolución 125, episodio por el que fue procesado por el supuesto delito de "lesiones en riña".

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