La ley delega en intendentes la resolución del problema

Con la modificación de la ley (Nº 8.177) que impulsó el alperovichismo a principios de año, son los intendentes los que deben decidir qué hacer con los residuos sólidos urbanos que generan sus ciudades, y el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de asesorar y de controlar su funcionamiento.
De hecho, el consorcio intermunicipal creado en setiembre deberá elevar al Gobierno un plan sobre lo que se hará con la basura, ya que entre sus obligaciones figura la de abordar la gestión integral de la problemática: es decir, la generación, la clasificación, el transporte, la transferencia y la disposición final de los desechos. Ese ente público está conformado por los intendentes Domingo Amaya (capital), Julio Silman (Alderetes), Zacarías Khoder (Banda del Río Salí), Daniel Toledo (Yerba Buena), Luis Morghenstein (Las Talitas) y Javier Pucharras (Tafí Viejo). El PE, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, debe asesorar y fiscalizar la gestión.

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