La deforestación se redujo un 60%

Greenpeace destaca el aporte de provincias que contribuyen con el medio ambiente.
Varias provincias, entre ellas Santiago del Estero, avanzaron en la realización de los ordenamientos territoriales de sus bosques nativos bajo los criterios que establece la Ley de Bosques, a lo que también se sumaron Salta, Chaco, San Luis, Jujuy, Santa Fe, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego.

La sanción de la Ley de Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental, y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, instituciones y comunidad en general que exigieron que la ley fuera sancionada y luego reglamentada.

A dos años de su sanción, la Organización No Gubernamental Greenpeace dio a conocer algunos avances en su implementación.

"Según un monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde la sanción de la Ley de Bosques la deforestación se redujo en un 60%. Sin embargo, en algunas provincias, por la falta de controles efectivos, continúan los desmontes ilegales y los incendios forestales. "Además, se están ejecutando muchos de los desmontes aprobados en forma especulativa antes de la sanción de la ley", destaca un informe de Greenpeace.

La Ley de Bosques establece un fondo económico a distribuirse entre las provincias que sancionen con una ley provincial el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, para mejorar los controles y fomentar la conservación y desarrollo sustentable de los bosques.

"Lamentablemente el presupuesto asignado para este año por el Congreso Nacional fue de 300 millones de pesos como máximo, cuando en realidad debió ser de 821 millones de pesos como mínimo", manifiesta la Organización No Gubernamental.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente establece que la protección ambiental es una parte integrante de desarrollo, que debería tener como objetivo aliviar la pobreza y lograr un equilibrio entre la eficiencia económica y la sostenibilidad. Todos los bosques del planeta deben ser objeto de una ordenación sostenible, que garantice sus servicios y beneficios sociales, económicos y ecológicos.

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