Definen las zonas donde no se podrán talar los bosques nativos

La ley nacional obliga a San Luis a cuidar 1.200.000 hectáreas. Entidades públicas y privadas se reúnen mañana en Villa Mercedes para formar una comisión que distribuirá la superficie que se protegerá de por vida. Hasta que no se establezcan estos límites, están prohibidas las talas de todo tipo.
San Luis debe proteger ambientalmente 1.200.000 hectáreas de bosque nativo de por vida, según lo exige la reciente ley nacional contra la tala indiscriminada, y para ello numerosas entidades públicas y privadas integrarán hoy en Villa Mercedes una comisión que definirá la ubicación de esa superficie.

Se trata de una norma que fija presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos, prohíbe los desmontes y establece un plazo máximo de 1 año para que cada provincia realice un ordenamiento de sustentabilidad de los bosques en distintas categorías de conservación.

Ese plazo, que para San Luis venció el 31 de diciembre pasado, contempla una moratoria para los desmontes hasta tanto se realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos para planificar de manera participativa su uso sustentable y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.

El encuentro será a las 16 en el predio "La Fortuna" de la Sociedad Rural Río Quinto y está convocada por las seis entidades gremiales agropecuarias de la provincia, un sector que reclama porque hace nueve meses que no se pueden realizar picadas contra incendios, comercializar leña ni talar montes quemados para eliminar riesgos de nuevas quemas.

Comprometieron su asistencia los ministros del Campo y Medio Ambiente, Sebastián Lavandeira Muñoz y Dania Hissa, representantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales (FICES), INTA, Municipalidad de Villa Mercedes y numerosas grupos técnicos de productores de diferente escala.

Este "ordenamiento territorial de los bosques nativos" que establece la ley, cuyo autor es el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, debe hacerse "a través de un proceso participativo", estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades del monte autóctono que se defina dentro de las 7.400.000 hectáreas que tiene el territorio puntano.

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