Hoy, definen la destitución de Perés

Bajo la lupa: Perés y Rivero llegan al banquillo de los acusados luego de que el entonces fiscal Bongianino (hoy procurador general) pidiera que se los pusiera bajo la lupa por el descontrol de las cuentas del IPAV entre el ’99 y el 2003. Durante esa etapa, Agüero y Araniz concretaron una estafa por 960.000 pesos/dólares.
Hoy, a las 09:00, se conocerá si el presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Perés, y al vocal Rubén Rivero, son destituidos de los cargos que todavía ocupan. El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer el veredicto final y la sentencia, es decir los argumentos del fallo.

Durante los alegatos realizados el viernes pasado, el procurador general Mario Bongianino solicitó la “remoción” en el cargo de los dos funcionarios por “mal desempeño de sus funciones” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Las defensas que ensayaron los abogados César Augusto Rodríguez y Pablo Langlois pidieron la “absolución” de los sospechados funcionarios.

El jury está integrado por el presidente del STJ, Víctor Menéndez, los diputados Patricia Lavín y Martín Berhongaray y los abogados Marina Vanini y Emil Koncurat. La secretaría está a cargo de Betina Carnovale.

Perés y Rivero llegan al banquillo de los acusados con el retraso que facilita la burocracia del sistema judicial: se los juzga por hechos cometidos entre el año ’99 y el 2003 cuando -tal como se comprobó- la cúpula del IPAV integrada por Hugo Nelson Agüero y Luis “Tito” Araniz concretaron una estafa por 960.000 pesos/dólares.

Durante el juicio en el que se condenó a los ex popes del IPAV, el entonces fiscal Mario Bongianino fue quien pidió que se pusiera bajo la lupa el accionar del Tribunal de Cuentas, que descontroló a ese organismo que resultó clave en la estrategia electoral del marinismo. Una de las explicaciones de Perés es que los funcionarios cumplieron con los pasos formales de auditoría, pero les fue imposible controlar la cuenta porque los funcionarios del IPAV no la declararon y la “escondieron”, justamente para lograr su cometido.

Perés y Rivero ya dieron muestras de otra táctica para zafar: cargan las responsabilidades sobre los relatores, es decir sobre los empleados del organismo, con la esperanza de que el hilo se corte por lo más delgado, ya que entre esos trabajadores incluso había pasantes.

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