La voluntad política de citar al defensor del Pueblo Luis Salomón es una realidad. Ese acuerdo se materializó el pasado jueves cuando todos los sectores acordaron en la comisión de Legislación ofrecerle al funcionario cuestionado la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa frente a los contundentes informes en su contra. Solo falta un detalle no menor, ajustar la fecha.

Hasta hace días, el jueves 28 de mayo asomaba en el calendario como el día del regreso de las sesiones del Concejo Deliberante. La urgencia en el abordaje de algunos puntos y el consenso logrado para avanzar en las reuniones de manera presencial, adelantaron los tiempos una semana y el encuentro será en dos días. Primer inconveniente: ese mismo día estaba prevista la próxima reunión de Legislación, esa donde ser interpelaría a Salomón

La presidente de la comisión, Cristina Coria, no descartó volver al día habitual de las reuniones de esa estratégica comisión, que antes de la cuarentena se realizaba los lunes. El segundo inconveniente: el próximo lunes coincide con el feriado del 25 de Mayo.

En ese marco, el jueves 28 o el lunes 1 de junio asoman como las fechas más factibles en la que se convoque a Salomón. Ese terminaría se acordarse en las próximas horas.

Pero lo sustancial del debate en estos momentos transcurre puertas adentro de los bloques y alianzas. Avanzar con algún tipo de sanción contra el representante de las asociaciones de fomento es el acuerdo mínimo. Sin embargo, las oscilaciones van desde ese piso hasta la expulsión. En cualquier caso, cualquier medida precisará de un importante consenso, dado que la ordenanza que regula el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo establece la necesidad de contar con una mayoría agravada de los votos para sancionar o expulsar a uno de sus integrantes.

En tanto, los ediles están a la espera de un hecho que podría complicar aún más la situación de Salomón. Si bien el informe de la Fiscalía General aseguró que no se abrió una causa contra el funcionario, ello no está descartado que pueda ocurrir en el futuro. La conjetura la hizo el concejal  y abogado Ariel Ciano, quien se mostró sorprendido por la inexistencia de una causa en su contra. “Por el contenido de los informes, podría surgir hasta la comisión de un hecho ilícito”, dijo el abogado, nombrando por ejemplo el delito de resistencia a la autoridad. La misma sorpresa se mantiene por la inexistencia de una causa penal en su contra por la violación de la cuarentena.