Defensorías de Jujuy y Salta juntos contra aumento de luz

La información fue brindada durante una conferencia de prensa de Víctor Galarza y Nicolás Zenteno.

El defensor del Pueblo de Jujuy Víctor Galarza informó a la opinión pública que la Defensoría notificó a cuatro municipios de la provincia la resolución que recomienda la derogación de las ordenanzas que dieron lugar a la implementación de las fotomultas.

El ombudsman también brindó precisiones sobre la instancia judicial en la que se encuentra el fallo contra el decreto aplicado en las tarifas a los usuarios de gas natural, y las acciones legales que se estudian interponer con Salta ante un eventual incremento en la tarifa de energía eléctrica.

Galarza dio detalles de estos temas durante una conferencia de prensa que ofreció el viernes junto al defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de Salta Nicolás Zenteno y el secretario general de la Defensoría local Agustín Labarta.

Anunció que Jujuy y Salta mantendrán vigente una agenda común para tratar los temas que preocupan a los habitantes de ambas jurisdicciones provinciales.

El fallo favorable que obtuvo la Defensoría de Jujuy por el gas, declarando la inconstitucionalidad del decreto 2.067, ordena a la empresa -Gasnor- devolver los montos generados y cobrados por dicho instrumento, aunque todavía la sentencia no está firme al haber sido apelada por el Gobierno central.

Por lo mismo habrá que aguardar la definición en la Justicia nacional.

Una vez cumplida esa instancia, y de ratificarse el dictamen, la compañía tendrá que producir la facturación con el monto del consumo únicamente.

"Vamos a coordinar con nuestros pares la presentación de una acción legal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. En esta instancia definiremos tareas conjuntas con la vecina provincia para que nuestros expedientes tengan la misma suerte de la primera instancia", explicó.

En relación a las fotomultas, Galarza indicó que la Defensoría cursó notificaciones a los municipios de Pampa Blanca, Calilegua, Volcán y Maimará, recomendando la instrumentación de medidas legislativas y administrativas para derogar las ordenanzas que crearon el sistema de control en las rutas nacionales 34 y 9.

En tal sentido sostuvo que el pedido se fundamenta en la ilegalidad de los controles y "en la sencilla razón de que los mismos fueron creados con fines meramente recaudatorios y no para prevenir". Recordó que la Cámara de Diputados y el Consejo de Seguridad Vial de la Provincia se expidieron en torno al tema solicitando el levantamiento del sistema.

"Estamos esperando la respuesta del fiscal de turno para que investigue si los municipios incurrieron en delitos de acción pública", subrayó.

Aclaró que si las ordenanzas que aprobaron los cuerpos deliberativos de los municipios en cuestión son declaradas inconstitucionales, los "supuestos infractores" deberán recibir la devolución del dinero cobrado en concepto de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, siguiendo el mismo camino que la problemática del gas.

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