La Defensoría del Pueblo presentó "amparo colectivo" por el incremento de gas

La Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon presentó este miércoles un recurso de amparo colectivo por el incremento de gas, que plantea la inconstitucionalidad de los cargos derivados del decreto 2067/08 en el caso de facturas ya emitidas.

La Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Arza, con el respaldo del titular del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Dr. Fernando Román González, presentó el recurso de amparo ante la Justicia Federal.

En dicha presentación, puso de manifiesto que se promovió dicha acción "en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de los usuarios y consumidores del servicio de gas natural por redes del Partido de General Pueyrredon contra la postura arbitraria e ilegal expuesta por la empresa Camuzzi Gas Pampeana, de oponerse a recibir el pago del precio del servicio suministrado por la misma, con exclusión del cargo tarifario creado por el Decreto 2067/08 PEN, fundado según la misma en una Resolución I/615 del ENARGAS, fechada el día 26 de enero de2009 y de la cual se adjunta copia, atento que la misma es de rango inferior y violenta el texto del Decreto 2255/92, Anexo "B", Subanexo II, publicado en el B.O. el día 12/01/93, y que consagra el "Reglamento del servicio prestado por las distribuidoras de gas", por las razones que a continuación se exponen".

De esta manera, la Dra. Arza solicitó que "mientras se tramita esta causa, se decrete medida cautelar del innovar a fin de obtener la refacturación del servicio sin incorporar en el mismo el Cargo Fiduciario creado por el Decreto 2067/2008, y con dicho pago evitar el corte del servicio, tal como lo establece el reglamento de servicio, o en su defecto, se autorice a la ciudadanía a reclamar la facturación en forma directa por ante la firma Camuzzi Gas Pampeana SA, con domicilio en avenida Juan B. Justo 5435, sin incluir el Cargo Fiduciario creado por el Decreto antes citado".

Al respecto, la titular de la Defensoría del Pueblo afirmó que "estamos satisfechos por la presentación realizada en beneficio de los vecinos del Partido de Gral. Pueyrredon y ahora todo está en manos de la Justicia"

REALIZAN JORNADA DE TRABAJO PARA TRATAR LA SITUACIÓN DE LOS AFECTADOS POR EL AUMENTO DEL GAS

Por su parte, desde el HCD se indicó que este viernes desde las 10 se llevará adelante una Jornada de Trabajo destinada a "tratar la situación de los consumidores y usuarios frente al aumento de tarifas del gas establecido por el Decreto 2067/08" y de la que tomarán parte todos los sectores interesados, además de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios, responsables de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon.

La iniciativa surgió del concejal de Acción Marplatense, Leandro Laserna, con el respaldo de sus colegas de bancada, luego de que los significativos aumentos aplicados recientemente a dicho servicio provocaran el rechazo unánime de la comunidad.

"Es de suma importancia que el Concejo Deliberante se interiorice y expida en cuestiones que -si bien dada la esfera de su competencia no puede regular-, afectan a un gran número de miembros de la comunidad, propendiendo de esa manera a la plena defensa de sus derechos", explicó Laserna.

En este sentido, el concejal recordó que el Artículo 42 de la Constitución Nacional, en sus párrafos primero y segundo, expresa: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios".

"Asimismo –subrayó -, la defensa de los derechos económicos de los usuarios de los servicios públicos es una forma más de acercarse al objetivo de una ciudad más justa e igualitaria".

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