La Defensoría del Pueblo le pide al municipio que coloque cartelería

La Defensoría del Pueblo le pide al municipio que coloque cartelería

El organismo advirtió sobre el alto impacto que producen los efluentes cloacales en el medioambiente. Además indica que podría verse afectado el derecho a la salud

Tras la denuncia realizada por el dirigente autonomista Matías Afife y la Carpa de la Esperanza de Quequén hace dos años, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires emitió un dictamen en el que le recomienda a la Municipalidad de Necochea la instalación de cartelería que indique la prohibición de baño en la zona de influencia del emisario cloacal en Punta Carballido. Además le pide al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y a la Municipalidad local, llevar adelante todas las acciones necesarias para la ejecución de la obra de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. 

"Alto impacto”En el marco de los argumentos del dictamen, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Carlos Bonicatto, consideró como "prioritario” la concreción de obras de infraestructura necesarias, que tengan por objeto reducir los parámetros con los que actualmente se vuelcan al mar los efluentes, debido al "alto impacto que genera esta descarga sin tratamiento previo”. Cabe destacar que esto fue constatado por técnicos de dicho organismo. En este sentido, se indicó que "podrían verse afectados el derecho a la salud que está relacionado con el derecho a la vida y la integridad física” y que además, según la Constitución Provincial, "la provincia debe garantizar a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos asistenciales y terapéuticos”.  Este organismo, que tiene sede en La Plata, comenzó a intervenir el 7 de junio de 2012, cuando Matías Afife junto a otros vecinos de Quequén presentaron una denuncia con relación a la situación de "contaminación” de Punta Carballido. En dicha presentación, se informó que "todos los efluentes cloacales de Necochea, de aproximadamente 90.000 habitantes son vertidos en las playas de Quequén, extendiéndose los olores por toda la costa marina”.Además se detalló que "no se cuenta con planta de tratamiento de efluentes cloacales, lo que significa que se contaminan aguas, aire, costa e imagen visual”. También se informó que "el caño matriz carece de mantenimiento adecuado desde su construcción, produciéndose pérdidas en el trayecto hasta su desembocadura en el mar”. 

Pedido de informes Ante la denuncia, la Defensoría del Pueblo pidió informes a la Municipalidad sobre la situación planteada, incluyendo análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua en el sector de la salida de los efluentes. También solicitó informes al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) en relación a las plantas de acopio que funcionan en Quequén (otra inquietud de los ambientalistas) y al Servicio de Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural ( SPAR) para que informe si cuentan con estudios  de factibilidad técnico-económicas de obras de ampliación del servicio cloacal de Necochea y Quequén.En aquella oportunidad, el SPAR fue el único que respondió, mientras que el municipio y la OPDS lo hicieron con bastante retraso, incluso la Defensoría debió volver a insistir con los pedidos.El 17 de abril de 2013, el vecinalista de Quequén, Matías Afife, realizó una nueva presentación, adjuntando un informe bacteriológico de agua para uso recreacional, realizado por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Allí se detalló que "los valores obtenidos para coliformes termotolerantes exceden el límite permisible para vuelco a mar abierto para efluentes líquidos y los valores de recuento obtenidos para Escherichia coli y Enterococos superan los límites para aguas recreacionales”. Finalmente, con mucho retraso, la Municipalidad de Necochea respondió, pidiendo a la Defensoría que intervenga ante los organismos provinciales y nacionales a efectos de viabilizar la concreción de las obras planificadas y pendientes de ejecución. También respondió el OPDS con las actas de inspección realizadas en las plantas cerealeras. Tras realizar todas estas actuaciones, la Defensoría del Pueblo, emitió un dictamen que, si bien es una recomendación en relación a lo que se debería hacer, es muy importante para el reclamo de los ambientalistas porque se está reconociendo desde un organismo provincial el alto impacto que produce la salida de los efluentes cloacales sin tratamiento al mar en el medioambiente y en la vida de las personas.

Comentá la nota