Luego de analizar la situación del Hospital Zonal Ramón Carrillo y los Centros de Salud, la Defensora del Pueblo de Río Negro, presentó este lunes un amparo por la vulneración del derecho a la salud de los vecinos de Bariloche y la zona.

La acción fue interpuesta ante la Cámara Laboral de la III Circunscripción con el objeto de instar al gobierno de Río Negro a que realice obras de mejora de las condiciones laborales, mantenimiento, ampliación y refacción en distintas áreas.

Otro de los puntos del amparo planteó que se ordene la provisión de fondos económicos suficientes para que la institución pueda funcionar de manera idónea y eficaz, garantizar la provisión de recursos al personal, medicamentos e insumos básicos, que permitan hacer frente a la atención, costos y gastos ordinarios de funcionamiento.

Nadina Díaz señaló puntualmente el estado del área de Mantenimiento, en el que se registra un preocupante abandono con arreglos sin terminar, huecos en las paredes, conexiones eléctricas y de gas deficientes, tubos fluorescentes sin protección, goteras y espacios sin desmalezar, entre otros puntos.

“Resulta difícil de comprender que haya tanto abandono en mantenimiento, siendo uno de los pilares de cualquier institución. En cualquier hogar o edificio en el que no se hagan bien los trabajos, el gasto posterior siempre es superior y los problemas que esto genera son más grandes”, expresó la Dra. Díaz.

En los relevamientos realizados por el organismo de control, se constató la falta de insumos básicos como gasas, tela adhesiva, guantes, jeringas, sueros, etcétera, y la discontinuidad en los medicamentos, como en el área de Salud Mental donde la situación es alarmante.

Día a día, los vecinos de Bariloche y la zona llegan de madrugada al hospital y a los centros de salud para lograr acceder a un turno que les permita ser atendidos, tal vez dos meses más tarde.

“Observamos con preocupación que lejos de cambiar, hay una agudización de los problemas históricos de la salud pública, más allá de algunas inversiones por todos conocidas. Para llegar a esta decisión se ha transitado previamente por la falta de respuestas del Ministerio de Salud, en gran cantidad de notas presentadas por este organismo desde principios de 2014 en toda la provincia. Se ha recorrido un largo proceso de advertencias en relación al no incremento del presupuesto, así como la recorrida in situ de todo el equipo de trabajo en los lugares objeto de este amparo. En la primera acción que presentamos por el hospital Francisco López Lima de General Roca en el mes de marzo de este año se nos tildó de gremialistas, de haber tomado medidas políticas y a destiempo. Esto muestra que se persiste en la negación sistemática de la realidad dejando en el último escalafón la protección del derecho constitucional a la salud, a la integridad física, a la vida y a la igualdad. Creemos firmemente que garantizando al trabajador condiciones dignas de labor y el control de su tarea por las vías administrativas correspondientes, se garantizan el resto de los derechos mencionados. Esta falta absoluta de contención y respaldo a los trabajadores, tanto profesionales como no profesionales, a quienes no se les da las herramientas necesarias para brindar su servicio, termina impactando negativamente en la calidad de atención de la salud de los ciudadanos. La figura del defensor del pueblo debe estar justo donde los derechos son vulnerados, caso contrario se desdibuja su rol para transformarse en un cómplice de una realidad que no se va a modificar si no se dan muestras verdaderas de cambio”, concluyó la defensora.