La Defensoría del Pueblo confirmó la falta de inscripción de una presunta empresa gestora de créditos prendarios para automotores

La Defensoría del Pueblo confirmó que una pretensa firma gestora de créditos prendarios para la adquisición de automotores, que funciona en una céntrica oficina ubicada sobre la calle Corrientes de esta capital "no se halla inscripta" en el Registro Público de Comercio para tal actividad, ni como Sociedad Anónima, S.A., de la manera que pretende presentarse, ni con ninguna de las otras formas societarias nominadas, previstas por la normativa comercial vigente en la materia.
Actividad

Precisamente, con relación a la actividad desarrollada en el sitio de referencia, el Organismo de la Constitución recibió la denuncia de una jubilada que había efectuado un pago de dinero superior a los $ 10.000 por la entrega de un vehículo automotor y pese a haber cumplido con todos los recaudos exigidos, después de 9 meses, no recibió la unidad.

Motivo por el cual efectuó la pertinente denuncia, desde la Defensoría se cumplió en cursar la intimación correspondiente lográndose, finalmente, la íntegra restitución de la suma de referencia.

Pero las investigaciones por ante el organismo continúan y en el marco de las mismas pudo constatarse, efectivamente, que "no existe siquiera solicitada" la inscripción de un giro comercial para la gestión de créditos prendarios individualizado con el nombre que utiliza la firma investigada.

Gialluca y sus recomendaciones

Es por ello que el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, recomienda a toda persona interesada en la adquisición de bienes o servicios, directamente o con intervención de intermediarios recurrir tanto a la Defensoría del Pueblo, como a la de Defensa del Usuario y Consumidor, a fin de interiorizarse respecto de la transparencia de la operatoria a realizar, dado que, como en el citado caso, por ejemplo, la propaganda hace incurrir en error al interesado en comprar un automóvil, el cual concurre a un local, aparentemente habilitado a los fines indicados, en el cual no le explicitan que se trata de una gestión para la obtención de un crédito prendario, sino directamente entran sobre los detalles de las operatorias dinerarias y ofrecen la entrega de un vehículo automotor al incauto consumidor que termina firmando convenios poco claros y de los cuales no nos consta que hayan pasado los filtros de las Inspección General de Personas Jurídicas ( IGPJ ).

"Motivo por el cual, -finalizó diciendo Gialluca-, sin perjuicio de las acciones ya adoptada a favor de la reclamante y el resultado positivo de la gestión que realizamos, remitiremos los antecedentes a la Subsecretaría de Defensa del Usuario y Consumidor y a la IGPJ, y de evaluar otras medidas pues estimamos que, en el caso, media un claro incumplimiento a la Ley Nacional 24.240, pues se contraviene el deber de información adecuada y veraz que se le debe al consumidor, encontrándose en la etapa de estudio y recopilación de antecedentes, un proyecto de presentación ante el fiscal penal con competencia por la presunta comisión del delito de estafa".

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