La Defensoría del Pueblo le apuntó a la Justicia por su desempeño en casos de violencia de género

La Defensoría del Pueblo le apuntó a la Justicia por su desempeño en casos de violencia de género

Desde el organismo indicaron que en la Provincia “las causas penales por violencia contra las mujeres se califican mayoritariamente como lesiones leves y amenazas simples” y no como “femicidios”.

Reclamaron al gobierno bonaerense la “urgente implementación” de un plan integral que “aborde los recurrentes y graves episodios de violencia de género que sacuden a la Provincia”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó a la Justicia y al ejecutivo bonaerense por el carácter de sus intervenciones en lo que respecta a los casos de violencia de género que se registraron en territorio provincial.

Desde el Observatorio de Violencia de Género del organismo indicaron: “Las causas penales por violencia contra las mujeres se califican mayoritariamente como lesiones leves y amenazas simples y durante 2014, se archivaron en la Provincia 43.990 denuncias. Por otra parte, no hubo ningún homicidio perpetrado contra mujeres caratulado como femicidio”.

Además, aseguraron que las denuncias por violencia se duplicaron entre 2010 y 2014, y denunciaron que en el fuero de Familia no hubo una reacción institucional para acelerar y dar seguimiento a las causas. A su vez, se alertó sobre “la inexistencia de representación jurídica gratuita en el ámbito penal, factor que deja desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia”.

“Resulta fundamental la responsabilidad estatal en la intervención sobre la violencia de género, modificando prácticas de los propios agentes judiciales, policiales, de salud y de educación que deben accionar sobre el tema”, aseguró el secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores.

En lo que refiere al ejecutivo bonaerense, señalaron la necesidad de avanzar en la “urgente implementación” de un plan integral que “aborde los recurrentes y graves episodios de violencia de género que sacuden a la Provincia” y la asignación de recursos para llevarlo adelante. Asimismo, propusieron la elaboración de un mapa que “identifique las zonas donde existen medidas de protección para que las comisarías o la policía local tome conocimiento y garantice su vigencia y cumplimiento”.

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