El defensor José Leonardo Gialluca explicó que “la CNDC deberá investigar dentro de su competencia y funciones la evidente cartelización del mercado que hace que los Laboratorios fijen los precios sin competencia; en estas acciones marginales el funcionario dejo en claro que no se salva nadie, por un lado CILFA que representa a los elaboradores de medicamentos nacionales, la CAEME que nuclea a las extranjeras y COOPERALA que nuclea a ciertas nacionales y cooperativas”.

La Defensoría pidió a la CNDC que los laboratorios informen qué productos se elaboran en sus plantas, cuáles son de patentes propias, cuáles pagan regalías, si producen para otros laboratorios, cuál es la participación que tienen actualmente en el mercado, cuáles son los costos de comercialización, los de distribución, como está armada o se determina la estructura de costo de cada medicamento y la incidencia de los insumos necesarios para fabricarlos.

El organismo requirió además que se investigue si hay  participaciones accionarias cruzadas en las distintas dueñas de los laboratorios.

La ley 25.649 de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico, que fue sancionada en el año 2002 y promulgada en septiembre del mismo año, tiene por objetivo la defensa del consumidor de medicamentos, pero se denunció que en la actualidad son los laboratorios nacionales los mayores responsables en boicotear esta ley “que si es aplicada como corresponde en sus no más de 8 artículos permitiría a los ciudadanos argentinos, en particular a los jubilados, personas de edad, afiliados dl PAMI, poder comprar sus medicamentos a precios más baratos, que aquellos de marcas que producen los laboratorios, especialmente los de origen nacional”.

La norma permite que los médicos prescriban los fármacos por su nombre genérico, pero también estos agregan en las recetas los nombres comerciales y es aquí donde el Defensor del Pueblo dijo que no se puede permitir que los profesionales de la medicina hagan propaganda o publicidad de ciertos medicamentos a través de sus recetas.

Advirtió además esta ley se tendrá que cumplir irrestrictamente, pero para ello se debe enfrentar antes el gran lobby de los laboratorios medicinales, puntualmente de los nacionales.

En esto también responsabilizó a ciertas obras sociales que permiten que los médicos receten el genérico junto al nombre comercial y con estas acciones están impidiendo que bajen el precio de los medicamentos, a través de una mayor penetración de los genéricos, pues en este caso a las obras sociales ven disminuidos  sus ingresos.

Gialluca denunció que “lo más grave de todo esto es que los dueños de laboratorios nacionales han sido beneficiados con importantes sumas de dinero por medio de préstamos del Bicentenario pagando una tasa fija del 9,5% anual frente a una tasa del 40% o  más que deberían pagar en cualquier banco privado y en esto sobresalen los laboratorios, Elea, Bago y Rommers, que tomaron esos créditos blandos, y en la actualidad siguen con su accionar de formadores de precios despiadados, con subas exorbitantes hacia productos como los medicamentos que permiten  curar una enfermedad o salvar vidas”.