Defensores y presidente del Concejo fijaron pautas de gestión

Defensores y presidente del Concejo fijaron pautas de gestión

Guillermo Sáenz Saralegui (AA), Presidente del Honorable Concejo Deliberante, mantuvo una reunión con los tres defensores del Pueblo de General Pueyrredon, Walter Alejandro Rodríguez, Fernando Cuesta y Fernando Rizzi.

 

Allí se establecieron pautas generales de convivencia y gestión conjunta entre ambos organismos, se analizaron la coyuntura del distrito y las obras en marcha, se plantearon políticas necesarias para solucionar cuestiones pendientes y se sentaron las pautas de una estrecha colaboración interinstitucional.

Sáenz Saralegui visitó a los defensores en las oficinas ubicadas en la intersección de Belgrano y San Luis. El encuentro se desarrolló en el primer piso, en la Sala de Reuniones “Dra. Beatriz Arza”.

En este contexto, el titular del HCD elogió la nueva impronta adquirida por la Defensoría a partir de su funcionamiento como “órgano colegiado”, rescató la serie de iniciativas y sugerencias recibidas para solucionar cuestiones aún pendientes en el distrito e instó a los defensores a mantener una dinámica intensa que fomente “la búsqueda de soluciones a carencias manifestadas por la comunidad, siempre a partir de la obtención de consensos, acuerdos y el trabajo mancomunado y colectivo”.

Durante la reunión, el titular del Cuerpo Deliberativo atendió solicitudes en torno al personal disponible en la Defensoría y a cuestiones presupuestarias y reiteró su vocación de ser “imparcial en la función”, y sostener “la gobernabilidad”, siempre impulsando “la concordia” y atendiendo “los reclamos de la gente para solucionar sus problemas”.

Entre otros temas, los funcionarios analizaron la coyuntura del transporte público de pasajeros, del servicio de recolección de residuos y el impacto de las obras iniciadas en la zona sur de Mar del Plata para contener los efectos de la erosión costera.

También se abordó un proyecto de modificación de los circuitos electorales en el distrito, para evitar que los ciudadanos sufran inconvenientes –o directamente se vean impedidos de votar- al verse obligados a realizar demasiados kilómetros para acceder a los establecimientos educativos designados a tal efecto.

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