Defensor del Pueblo: rosca e indefinición

Defensor del Pueblo: rosca e indefinición

La designación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires responde a un procedimiento a cargo de una comisión bicameral donde, hasta el momento, priman las indefiniciones. En un escenario cuyo horizonte está delimitado por las elecciones y los juegos de poder, ciertos nombres ligados a distintos sectores del oficialismo resuenan en los pasillos legislativos sin que nadie, por el momento, se arriesgue a inclinar la balanza.

El 25 de febrero de este año, el mismo día que vencía la extensión otorgada en diciembre a Carlos Bonicatto, se conformó la comisión que decidió no prorrogar su mandato, y dejar interinamente en el cargo al secretario general del organismo, el ex senador radical Enrique Honores.

Desde el entorno del ex Defensor sostienen que la decisión sorprendió, ya que contaban con que todos los sectores políticos se habían expresado públicamente a gusto con la gestión fundacional. Cabe destacar que el ex diputado fue quien estrenó el cargo, a propuesta del gobernador Scioli.

Así, todo indica que la disposición exprés se debe una interna en el oficialismo, y hay quienes, en off, postulan que “quizás sea esta dificultad para ponerse de acuerdo la que retiene el avance de la designación”.

Las posibles candidaturas del Frente para la Victoria serían tres. En primer lugar, de nuevo apadrinado por el sciolismo, se presentaría Carlos Bonicatto, quien por ley estaría en condiciones de renovar. Sin embargo, hasta el momento, el ex Defensor no ha definido públicamente su postulación, como tampoco la ha descartado. Actualmente no hace declaraciones.

Otro nombre que suena fuerte es el del juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, quien ya compitió en el año 2009 por el cargo. En aquel entonces el magistrado imputó la designación de Bonicatto; la acción fue analizada judicialmente y desestimada.

“La constitución provincial impedía a los legisladores que integren un organismo que hayan creado”, relata Arias, y agrega: “Entre otras cuestiones más graves, como prometer cargos futuros a cambio de votos”. Además, el magistrado, quien estaría patrocinado por el mariottismo, denuncia que “Bonicatto ha convertido a la Defenso-ría del Pueblo en un lugar corporativo, donde van a parar legisladores que ya no tienen mandato”.

En este sentido, Arias confirma que “en principio Gabriel Mariotto estaba interesado en impulsar mi candidatura; es un lugar que a mí interesaría, pero si las condiciones de la elección son las mismas que en el caso anterior, no participaría”.

El tercer nombre que se maneja desde el oficialismo es el de Fernanda Raverta, diputada provincial de La Cámpora. Se rumorea que la postulación de la legisladora terminó de cobrar forma durante la cena que se realizó el 23 de febrero en la residencia presidencial de Chapadmalal por el cumpleaños de Máximo Kirchner, a la que asistió la cúpula de La Cámpora.

Allí, el hijo de la presidenta Cristina Fernández habría blanqueado su deseo de que la agrupación retenga ese espacio, que cuenta con una caja de más 200 millones de pesos.

“Se viene conversando desde los distintos bloques; es una decisión que la tienen que tomar senadores y diputados”, explica Raverta, y añade: “Dentro de la reflexión de algunos legisladores podría darse lugar a la propuesta de que sea yo; pero, la verdad, es sólo en clave de reflexión, por aho-ra no es una formalidad”.

Sin embargo, fuentes legislativas sostienen que la candidatura de Raverta podría ser resistida desde el Senado, a partir de una “ley” no escrita por la cual luego del mandato de un diputado el sucesor debe-ría surgir de la Cámara Alta.

Finalmente, desde la oposición aseguran que propondrán a una persona para la función, pero aún no manejan nombres al respecto. “Nosotros vamos a presentar uno, seguramente; previamente hablaremos con Massa”, señala José Luis Pallares, senador del Frente Renovador . Esto adquiere más fuerza teniendo en cuenta que la gestión saliente fue oficialista.

Hasta el momento, la comisión bicameral, conformada por siete miembros por cámara, ha realizado sólo dos reuniones, y prevé hacerlo de nuevo en breve. “Los opositores pedimos la rendición de cuentas del Defensor saliente, período 2011-2014”, indica a La Tecla el vicepresidente de la bicameral, el senador Pallares. “Necesitamos actualizar la norma que establece el funcionamiento de la comisión porque varió la composición de los cuerpos legislativos; se necesita cambiar”, afirma.

Por su parte, la diputada del FpV Graciela Rolandi expresa que “nunca se pudo formar esta comisión durante todos estos años. Ahora, por primera vez, se nombra a los senadores; éramos sólo los diputados”. Además, Rollandi resalta que “nos pasó el tiempo por arriba, porque venció el mandato; estamos en un plan de regularización, no tenemos nada”.

Es decir, designar al nuevo ombudsman antes de las elecciones quizás es una expresión de deseo entre los distintos bloques; llegar a un acuerdo político, en este contexto, es casi una utopía: se necesita dos terceeas partes de ambas cámaras.

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