Pablo Piqué, a fin de que se investigue, solucione y determine las responsabilidades de la Obra Social y los Prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano, hacia los jubilados y pensionados.

La iniciativa del Defensor fue motivada por las quejas y denuncias presentadas en esa Institución por parte de los afiliados al PAMI-INSSJP quienes reclaman la falta de cobertura de los servicios médico asistenciales por parte de las clínicas y sanatorios como así también el comunicado del Colegio Médico de Jujuy y de las asociaciones de médicos de las diferentes especialidades tales como Traumatología, Gastroenterología, Urología, Cardiología, Neurología, Ginecología y Obstetricia, Reumatología, por considerar que tales hechos podrían resultar de interés para esa Unidad.

Desde la oficina del Defensor señalaron que “ante esta situación, el día martes 30 de junio del corriente año, intentamos comunicarnos con el Sr. Arce, coordinador general operativo de la Gerencia de Coordinación de UGL-PAMI en Casa Central, quien indicó que por instrucciones de la superioridad debíamos dirigirnos al titular de la UGL XXII-PAMI Jujuy. Por tal motivo, ese mismo día el secretario general y la Secretaria Legal y Técnica de esta Defensoría del Pueblo se presentaron ante la Delegación Jujuy del PAMI-INSSJP a los fines de exponer la problemática, ocasión en la que el Delegado de la UGL XXII – Dr. Cristian Arnau, se negó a recibirlos derivándolos al Área Jurídica de esa Unidad; demostrando de esta manera el poco interés de la Obra Social Nacional en la búsqueda de encontrar la solución del conflicto planteado por las denuncias cruzadas existentes entre el PAMI-INSSJP; las entidades sanatoriales y los jubilados y pensionados afiliados. A esto se suma el comunicado del Colegio Médico de Jujuy y demás Sociedades Científicas, que manifiestan la imposibilidad de prestar servicios profesionales con la calidad y esmero que es de esperar”.

La Defensoría resaltó que “con los hechos denunciados más arriba, queda en evidencia, la falta de colaboración y desinterés por parte de las autoridades locales y nacionales de esa Obra Social, cuya problemática se remonta a marzo de 2014, oportunidad en la que esta Institución actuó y medió para la solución de los conflictos planteados entre el PAMI- INSSJP y los prestadores; situación actual que conlleva al abandono, incertidumbre y discriminación de 57.495 jubilados y pensionados de la provincia de Jujuy que se encuentran afiliados a la Obra Social denunciada”.

Galarza precisó que ante los hechos detallados precedentemente “se solicitó al Sr. Fiscal su intervención para el análisis, investigación, solución y determinación de responsabilidades de la Obra Social y Prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano (Decreto Nº 229/2000), el Art. 75º inc.22 de la Constitución de la Nación, Arts. 1º y 11º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Arts. 3º y 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Arts. 4º y 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Arts. 10.1 y 10.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos y Art. 21º de la Constitución de la Provincia”.

Finalmente puntualizó que “a tal efecto se adjuntó a dicha presentación, documental que acredita reclamos individuales y colectivos presentados ante esta Institución por los jubilados y pensionados afiliados al PAMI-INSSJP”.