El Defensor del Pueblo de Jujuy presentó amparo y medida cautelar en defensa de los usuarios de gas de la provincia.

El Defensor del Pueblo de Jujuy presentó amparo y medida cautelar en defensa de los usuarios de gas de la provincia.
La Acción de Amparo y solicitud de medida cautelar presentado por Víctor Galarza ante la Justicia Federal con motivo de los incrementos en las facturaciones del servicio de gas en redes, tiene el objeto de declarar la inconstitucionalidad del Decreto PEN Nº 2067/08 y de la Resolución Nº 1451/08 del Ministerio de Planificación de la Nación y la Resolución ENARGAS 563/2008.
El pedido del Defensor el Pueblo se sustenta en la falta de información por parte de la Concesionaria en todos y cada uno de los incrementos en las facturas recibidas por los usuarios, violando de esta manera la Ley Nº 42 de nuestra Constitución Nacional y la Ley 24.240 y su modificatoria.

En la presentación a la Justicia Federal, el Defensor del Pueblo solicitó con carácter de urgente hasta tanto se resuelva la acción de fondo: la suspensión de la ejecutoriedad de los instrumentos legales arriba mencionados y ordene al organismo regulador que instruya a la Concesionaria: 1º) a suspender el cobro de facturas ya emitidas en base al cuadro tarifario resultante; 2º) a no efectuar cortes en el suministro del servicio por la falta de pago de dichas facturas; 3º) a refacturar las boletas emitidas aplicando el cuadro tarifario anterior, solicitando también la compensación de los usuarios que hayan abonado las mismas con los incrementos tarifarios que se cuestionan.

Por otro lado, ante la falta de respuesta y de información de la Concesionaria ante la solicitud de información sobre los incrementos desde esta Institución, ordene que proceda a contestar con toda la información que necesitan los usuarios en virtud de lo prescripto en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 y su modificatoria.

Además, la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo fundamenta que los instrumentos legales antes nombrados que establecieron y reglamentaron los cargos tarifarios y que tienen el fin de ser destinados a un Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural, son ilegítimos por su inconstitucionalidad manifiesta toda vez que vulneran el principio de reserva de ley garantizado por la Constitución Nacional en la creación de tributos, competencia exclusiva del Congreso. Además, la aplicación de estos instrumentos legales, también viola los Derechos N° 28 y 42 de la Constitución Nacional en razón que han dado como resultado facturaciones que contienen valores irrazonables, arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar disposiciones contenidas en la Ley Nº 24.240 y su modificatoria y la Constitución Nacional.

El Art. 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo a la protección… de sus intereses económicos a una información adecuada veraz…; y a condiciones de trato equitativo y digno”.

En este caso particular, el elemento de la imprevisibilidad no ha sido disipado ya que no hubo información adecuada y veraz desde Gasnor Delegación Jujuy hacia los usuarios sobre los incrementos previstos. Los usuarios consumieron los m3 normales que consumían normalmente a un precio determinado. Sin embargo, al momento de tener que afrontar su contraprestación la conmutatividad del contrato ha sido modificada en forma unilateral y arbitraria por una de las partes, sorprendiendo al usuario con un incremento desmesurado e ilegal.

“La desproporción resulta tan manifiesta que existe un incremento que va desde un 20 a un 300%l. Ello trajo como consecuencia que un importante número de usuarios se haya presentado en la Defensoría del Pueblo a formular su reclamo, por encontrarse dificultados para pagar al no tener previsto esos valores en su presupuesto doméstico con el consecuente e irreparable daño que podría sobrevenir por no poder cancelar una factura y que implica el corte del suministro” – comenta Víctor Galarza.

“No se puede entender la legalidad de la norma que se dicta, si no encuentra razonabilidad en la medida que dispone, toda vez que como hemos dicho, los incrementos en las facturaciones, por su magnitud desproporcionada, no superan un análisis elemental que se realice a la luz del sentido común, ni del principio de razonabilidad que debe presidir a todo decisión que influya en los intereses de los usuarios y consumidores.” – expresa el Defensor del Pueblo.

El corte y la reconexión en un usuario resultan totalmente onerosos para volver a contar con el servicio.

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