Defensor del Pueblo afirmó que antes de la tragedia pidió la clausura de Cromañón

El Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, aseguró que meses antes de la tragedia de República Cromañón había pedido la clausura de los locales bailables que no cumplían con las normas de seguridad.
Además, Alimena afirmó que recién después del incendio que provocó 194 muertes aquel 30 de diciembre de 2004, las autoridades del Gobierno porteño tomaron las medidas de seguridad que él había recomendado previamente.

Así lo dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 (TOC 24), donde precisó que previo a la tragedia, en enero de 2004, mantuvo una reunión con la entonces subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fizsbin (quien está siendo enjuiciada), y que ante su pedido de medidas, ésta le contestó: "no me pidas esto. No podemos cortar todo".

Además, Alimena indicó que "el único" que podría haber retirado las habilitaciones a los locales que presentaban irregularidades era "era el jefe de gobierno", cargo que en su momento era ocupado por Aníbal Ibarra.

Según el Defensor, las normas establecen que para que los locales categoría C, como el de Cromañón, pudieran funcionar debían contar con un certificado anual de prevención de incendios otorgado por la Superintendencia de Bomberos, algo que el local gerenciado por Omar Chabán no tenía.

Fiszbin "no tenía un claro conocimiento ni había ningún registro, que es lo que marca el código de habilitaciones", contestó Alimena ante consultas de los abogados querellantes.

"Si era por mí, se debía publicar en diarios una intimación con un plazo de 10 días para que se cumplan con las normas" sobre seguridad, opinó, y a su vez aseguró que sólo entre un 10 y un 12 por ciento de los locales bailables estaban dentro del marco legal.

Además de Fizsbin, están siendo enjuiciados otros dos ex funcionarios del Gobierno porteño, los integrantes del grupo Callejeros, el ex gerenciador de Cromañón, Chabán, el ex jefe de seguridad del local Raúl Villarreal y dos policías, estos últimos acusados de recibir coimas para evitar clausurar el lugar.

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