El defensor pidió la libre absolución de Miguel en la causa por "enriquecimiento ilícito"

Solicitó la anulación de todo lo actuado por el fiscal de instrucción, doctor Colimedaglia, aduciendo que cuando indagó al actual diputado provincial por primera vez, no había aumento patrimonial de sus bienes.
En la víspera continuaron los alegatos de las partes intervinientes, en el juicio oral y público que se lleva adelante a Abel Miguel, en causas caratuladas como "enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

El abogado defensor destacó, al hacer referencia a lo gastado en este proceso por el Poder Judicial, con investigaciones realizadas en distintas partes del mundo a través incluso de la INTER-POL, que le había costado al Estado más plata que de lo que se acusaba a Miguel por enriquecimiento ilícito, acusación que, cabe recordar, fue a instancia de la denuncia de Carlos Benítez, ex empleado municipal durante un período de la gestión del procesado.

El doctor Darío De Ciervo, representante del ex intendente, aludió además a las influencias externas y políticas que hubo en este caso.

Dudas y dudas

De Ciervo al referirse al papel cumplido por la acusación, con sus cuestionamientos a la documentación presentada por la defensa de Miguel, expresó: "Hasta se puso en duda la documentación emanada de la AFIP! Yo sé que no hubo mala fe, pero…".

Respecto a los peritos, señaló las descalificaciones que hizo el doctor Gutiérrez, abogado de Benito, respecto al contador Héctor Miguel Mooney, y a lo expresado por el fiscal Angel Quidiello en cuanto a que debían tenerse en cuenta sólo las pericias de los peritos contadores oficiales (Pablo Bolognese y Héctor Bentorino)".

Ante esto De Ciervo señaló que había errores conceptuales en las pericias de estos últimos peritos, y que Bentorino, expresamente, había hecho suposiciones y afirmado que, ante ciertas cuestiones, había posibilidades dadas como "únicas", lo cual tenía cierto "olor a ilicitud", dijo.

Señaló que la investigación realizada por la fiscalía se hizo hasta el 98 y no hasta el 99 ó el 2001, cuando el patrimonio de Miguel tenía flujo positivo.

Apuntó a que en el transcurso de este proceso judicial fue mucha más la prueba aportada por la defensa que por la parte acusadora, detallando que en el caso del auto comprado por Miguel, con un costo de 22.500 pesos, se había presentado abundante documentación sobre el IVA, declaraciones juradas ante la AFIP y hasta del negocio vendedor. Y que de todas maneras uno de los peritos, como es Bo-lognesi, planteaba dudas acerca de considerar el excedente patrimonial como "consumido" o "ahorrado", sin que de ninguna manera modificara su propia posición sobre el tema, a pesar de las pruebas aportadas por la defensa. Y que, obviamente, a la hora de decidir había optado por el "consumido" porque ya "no podía restarle más" al enriquecimiento de Miguel.

Ahora, ¿por qué tomar la peor opción?, se preguntó De Ciervo, haciendo hincapié en que en caso de duda, siempre debía beneficiarse al imputado.

El abogado fue muy crítico de la actitud adoptada por los peritos oficiales, ya que por las pruebas aportadas en el proceso judicial por parte de la defensa y su contador de parte, Mooney, éste había sido "más oficial que los mismos peritos oficiales, que sí fueron de parte", aseguró.

Destacó la trayectoria de Mooney, acotando que había sido profesor de los peritos oficiales.

Al referirse a lo actuado respecto a la compra de Abel Miguel de un campo en Villa Saboya y de la cantidad de gente que había venido a declarar en este juicio por ese tema, destacó los testimonios de Rodríguez Alvarez (tutor de los jóvenes que por entonces eran propietarios del campo), Ambrosio Canale (uno de los propietarios), Cano Váz-quez (escribano), Salustiano Fernández (quien hizo la transacción comercial), para que ellos dieran explicaciones en detalle sobre cómo había sido la venta del campo por parte de los hermanos Canale y cómo había sido abonado el mismo por parte de Miguel, quedando probado que había sido en cheques a través del Banco Provincia, y que la escritura del campo (hipotecado) se había hecho en dólares porque el banco no "arriesgaba nada" (1998).

Afirmó que se había dado respuesta a todo lo planteado por la acusación, aportando abundante prueba.

De Ciervo pidió la nulidad de todo lo actuado, en el proceso judicial desde sus inicios, ya que cuando Abel Miguel fue interrogado por el fiscal de instrucción (doctor Carlos Colimedaglia), no había incremento en el patrimonio del entonces intendente.

"No podía ser indagado porque no había aumento patrimonial", afirmó.

Señaló que el fiscal investigó principalmente el patrimonio de Miguel desde el 94 al 98, y no después, cuando realmente hubo aumento patrimonial, ya que la Ley de Convertibilidad hizo que varios en Argentina se beneficiaran con la pesificación de las deudas, y Miguel "tenía deudas", dijo.

Acotó que hubo una serie de circunstancias positivas que hizo que a su defendido le fuera bien, pero que ello no quería decir que hubiera hecho algo ilícito, sino por el contrario, Abel Miguel podía probar que no fue así ya que tuvo un exhaustivo control de la AFIP, organismo donde él figuraba en tres categorías de contribuyentes: productor agropecuario, arrendatario e intendente.

"No hubo sociedades, no hubo ocultamientos, sí hubo declaraciones juradas y control", destacó De Ciervo, para agregar que la AFIP había cobrado "suculentos impuestos" a Miguel por su rentabilidad en actividades que no tenían nada que ver con la función pública que desempeñaba. "No se puede a partir de ahí, presumir la ilicitud", "Se probó que hubo actividad paralela (a la de la función pública) rentable y controlada por la AFIP", apuntó el abogado.

De Ciervo aclaró que Miguel, antes de asumir tenía varios bienes como un campo en Córdoba (al lado del que luego compró en 1998), dos autos, una casa en Av. San Martín, una casa en Rojas y cereales.

Finalmente el defensor pidió la libre absolución de su defendido por los hechos uno y dos, referentes a la acusación por "enriquecimiento ilícito".

Continuación

El jueves 5 de noviembre continuará el juicio a Abel Miguel, con los alegatos de las partes atinentes a otros hechos investigados, que tienen que ver con la función pública que desempeñó co-mo intendente de Junín.

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