La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) despachó una "solicitud de informes" a la Argentina -que no tardará en llegar a Santa Fe‑ para pedir explicaciones al gobierno de Miguel Lifschitz por el desplazamiento del defensor provincial Gabriel Ganón. Una de las preguntas es si el magistrado "cuenta con algún recurso para cuestionar" la decisión de la sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado que lo suspendió en el cargo el 24 de noviembre hasta el final de su mandato, en abril de 2017. Ganón ya planteó ante la Legislatura un recurso de inconstitucionalidad con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero el jueves, ante un pedido del jefe del socialismo Rubén Galassi, Diputados lo ingresó sobre tablas y lo mandó al archivo sin siquiera considerarlo. Entre el pedido de Galassi al presidente de la Cámara Antonio Bonfatti y el pase al archivo no transcurrieron más de cincuenta segundos.

Lo que Galassi ni Bonfatti sabían es que la CIDH ya había girado al gobierno argentino una "solicitud de informes" de cinco puntos sobre la situación de Ganón, similar a la que despachó en octubre de 2014 y publicó Rosario/12. Por entonces, la amenaza al titular de la Defensa Pública era un pedido de remoción impulsado por el senador de la UCR Lisandro Enrico con la firma de 17 senadores del Frente Progresista y el PJ, que se repitió en julio de 2016 y terminó con la sentencia del 24 de noviembre.

En el requerimiento de 2014, cuando Bonfatti era gobernador y Galassi ministro de Gobierno, la CIDH advirtió a Santa Fe sobre la imposibilidad de aplicar sanciones a un defensor que cumple una tarea esencial y mucho menos por el ejercicio de la libertad de expresión. "Los defensores y defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado. Su estabilidad en los cargos que desempeñan es un correlato de la obligación del Estado para garantizar el derecho a una defensa adecuada durante todas las etapas del proceso", recordó la CIDH. Por lo tanto, "los actos dirigidos a sancionarlos por motivos atribuibles a su conducta deben observar el principio de legalidad y las garantías del debido proceso".

Y en esa línea, alertó sobre ilegalidad de la mordaza a Ganón. "Los Estados deben asegurar el ejercicio de la libertad de expresión de las y los operadores de justicia a través de regímenes disciplinarios que no sancionen de manera ilegítima sus expresiones". "Las causales disciplinarias deben cumplir con el principio de legalidad, ya que en caso de contemplar causales amplias o ambiguas se permite un alto grado de discrecionalidad, lo que podría traer como consecuencia la sanción indebida a la libre expresión de las y los operadores de justicia".

Hace diez días, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe ‑patrocinado por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné‑ y otras organizaciones pidieron a la CIDH una "medida cautelar urgente" que reponga en su cargo a Ganón, al comparar la suspensión hasta final de su mandato con un castigo de la Edad Media. "La sanción es prácticamente la infamante y medieval muerte civil". "Este proceso de revancha sin ningún sentido se ha realizado con fines claramente políticos, maliciosos e inconstitucionales", planteó el Foro.

Ahora la CIDH pedirá informes a Santa Fe sobre cinco puntos:

1) Cuál fue el procedimiento contra del defensor provincial ante la comisión bicameral de Acuerdos, en la Legislatura de Santa Fe y cómo se garantizó en orden al artículo 8 y 9 de la CADH el debido proceso y el principio de legalidad.

2) Requiere copias de la solicitud de remoción de Ganón presentada en julio y de las deliberaciones de la comisión de Acuerdos y la sesión conjunta.

3) Si el defensor provincial cuenta con algún recurso para cuestionar una eventual suspensión.

4) Y si existen recursos en el ordenamiento jurídico argentino para cuestionar una eventual decisión de destitución y cómo estaría compuesto el órgano que conocería en ese eventual recurso.

5) "Qué ha ocurrido con el personal destinado por la Defensa Pública al área de Registro de Tortura y Litigio estratégico activo en causas de derechos humanos y si se ha iniciado procesos disciplinarios contra el personal de la Defensa que participó en la audiencia" del 1º de diciembre, en la que Santa Fe tuvo que dar explicaciones ante la CIDH por torturas y detenciones arbitrarias a niños, niñas y adolescentes.