La defensa pidió la absolución, pero faltan otros alegatos para que el Tribunal resuelva

Pasó otra semana en el ya largo juicio oral contra el ex intendente Abel Miguel, en las causas caratuladas como "enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".
El protagonista fue, esta vez, Darío De Ciervo, abogado defensor del ex jefe comunal que negó la acusación sobre enriquecimiento ilícito y pidió la absolución de su defendido.

Pero queda tiempo para que el Tribunal resuelva. Es que, el jueves, la pelota será otra vez de la acusación, que deberá referirse a otras dos imputaciones contra el ex intendente Abel Miguel: "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "malversación culposa de caudales públicos".

Mientras tanto, los jueces deberán analizar lo formulado por De Ciervo, que realizó un alegato picante en el que no sólo descartó las acusaciones sino que también habló sobre intereses cruzados.

En concreto, al hacer referencia a lo gastado en el proceso por el Poder Judicial, dijo que le había costado al Estado más plata que de lo que se acusaba a Miguel. "Hasta se puso en duda la documentación emanada de la AFIP", dijo.

También aseguró que las pericias oficiales tuvieron errores conceptuales y señaló que la investigación realizada por la fiscalía se hizo hasta el 98 y no hasta el 99 ó el 2001, cuando el patrimonio de Miguel tenía flujo positivo.

Apuntó a que en el transcurso del proceso judicial fue mucha más la prueba aportada por la defensa que por la parte acusadora. De Ciervo fue muy crítico con la actitud adoptada por los peritos oficiales y destacó la trayectoria de Héctor Mooney, perito de parte.

Nulidad

La defensa pidió la nulidad de todo lo actuado en el proceso judicial desde sus inicios, ya que cuando Abel Miguel fue interrogado por el fiscal de instrucción (doctor Carlos Colimedaglia), no había incremento en el patrimonio del entonces intendente. "No podía ser indagado porque no había aumento patrimonial", afirmó.

Señaló que el fiscal investigó principalmente el patrimonio de Miguel desde el 94 al 98, y no después cuando realmente hubo aumento patrimonial, ya que la Ley de Convertibilidad hizo que varios en Argentina se beneficiaran con la pesificación de las deudas, y Miguel "tenía deudas", dijo.

Acotó que hubo una serie de circunstancias positivas que hizo que a su defendido le fuera bien, pero que ello no quería decir que hubiera hecho algo ilícito.

"No hubo sociedades, no hubo ocultamientos, sí hubo declaraciones juradas y control", destacó De Ciervo, para agregar que la AFIP había cobrado "suculentos impuestos" a Miguel por su rentabilidad en actividades que no tenían nada que ver con la función pública que desempeñaba.

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