Con duros ataques a los fiscales de la causa y a los policías que hallaron la bolsa con dinero el 5 de junio de 2007, la defensa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli pidió hoy su absolución en el juicio oral donde está acusada de encubrir una administración fraudulenta y de sustraer el acta de aquel procedimiento. Al dar su alegato, los abogados defensores afirmaron que se “violó el derecho de la intimidad”, ya que la bolsa con dinero estaba en un placard del baño del despacho. Y hablaron de una “zona liberada”, sugiriendo que parte del dinero fue plantado para perjudicar a la ex ministra.

La semana pasada, los fiscales Fernando Arrigo y Guillermo Marijuán habían pedido una pena de 4 años de prisión para Miceli, su inhabilitación por ocho años para ocupar cargos públicos y que los 100.000 pesos encontrados sean decomisados.

Durante más de tres horas, los abogados de Miceli intentaron derrumbar todas las pruebas recolectadas desde que estalló el escándalo, revelado por el diario Perfil.

Los abogados se concentraron en las supuestas deficiencias del procedimiento policial, en la madrugada del 5 de junio de 2007. “El acta definitiva no se hace leer a los testigos, no guardaron ningún elemento de identificación del paquete y nunca llamaron a Miceli ni notificaron a la Justicia”, aseguró uno de los letrados para justificar un pedido de nulidad del mismo. El mismo defensor cargó muy duro contra los dos efectivos que participaron, el subinspector Patricio Rodrigo Palo y el cabo 1° Carlos Enrique Isaías, a quienes acusó de “mentir descaradamente”.

Otro de los núcleos de alegato, plagado de ironías, fue la supuesta afectación del derecho a la intimidad, ya que la bolsa con dinero estaba en el placard del baño privado, que supuestamente era un área “protegida”. Por ese motivo, concluyeron que se trató de un “allanamiento ilegal”. Además, hablaron de “zona liberada” y acusaron a los policías de la Brigada de Explosivos de ampararse en “una orden de Martínez de Hoz”. Efectivamente, la revisión del “área ministro” del Ministerio de Economía se lleva a cabo desde 1978, cuando el por entonces ministro denunció la colocación de un artefacto explosivo. Ese hecho era conocido por Miceli desde su asunción, en noviembre de 2005.

La defensa de Miceli también busco deslegitimar una pericia clave de la investigación: el reconocimiento del fajo de 100 mil pesos en la sede del Banco Central con la presencia de los testigos. “El fajo tenía sellos que nadie mencionó durante este juicio y había solo tres fajos para reconocer”, se escuchó durante la audiencia.

Pese a la gran cantidad de testigos que declararon en el juicio, para los abogados defensores de Miceli, “no se probó a lo largo del juicio que el paquete encontrado en el baño provenía del Banco Central”. Las pericias confirmaron, no obstante, que el fajo identificado como lote 38057 ingresó a la financiera Cuenca el 21 de mayo, donde habría salido de manera ilegal.

Sorprendieron los reiterados ataques a los fiscales, especialmente al fiscal que investigó durante la instrucción, Guillermo Marijuán. En más de una ocasión, los defensores aseguraron que parte de la investigación “está en la imaginación de los fiscales”. Y los acusaron de “tergiversar las pruebas”. Por último se preguntaron: “¿quién es más espurio, la investigada o los investigadores?”.

La defensa de Miceli reclamó la nulidad del acta, del reconocimiento en el Banco Central y del allanamiento en la financiera Cuenca, investigada por lavada de dinero en otra causa. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 anunció que la sentencia y las últimas palabras se conocerán el 27 de diciembre.