Defensa al Consumidor aplicó la sanción más dura de su historia

Defensa al Consumidor aplicó la sanción más dura de su historia
El organismo clausuró por 30 días un local de venta de prefabricadas y lo multó por 100.000 pesos.
En Defensa al Consumidor no recuerdan haber llegado a tan dura sanción: la clausura por 30 días de un local de venta de casas prefabricadas, más una multa de 100.000 pesos y un resarcimiento económico de 10.000 pesos para la denunciante, como sanción por no tener la construcción las habilitaciones correspondientes y por no entregar la casa pese a que se había hecho un depósito dinerario, según fuentes del organismo.

La clausura se ordenó y ejecutó el viernes pero se conoció ayer. Según informaron en la dirección de Defensa al Consumidor, el antecedente más cercano se produjo durante la gestión de Pedro González que estuvo de 2004 a 2007, que ordenó clausurar una fábrica de indumentaria, pero sólo fue por 3 días. En tanto que multas, sí hubo más altas, de hasta 400.000 pesos.

Esta vez, el caso fue más lejos y terminó en una de las máximas sanciones que permite la ley 24.240 y modificatorias, que regulan el área de defensa al consumidor y usuarios en todo el país y marcó lo más duro que aplica el área en San Juan en un mismo paquete de medidas.

En parte, las sanciones son posibles gracias a la aplicación de la nueva ley de defensa al consumidor, que fue modificada en 2008 para fortalecer el derecho de los usuarios y ampliar las capacidades de los organismos de aplicación (ver aparte), y que dispuso, entre otros puntos indemnizaciones inmediatas, mayores multas para las empresas incumplidoras y la extensión a todo el país de la obligatoriedad de los tribunales arbitrales.

Según dijo la directora de Defensa al Consumidor, Ana María López, el caso lo viene tratando su dirección desde el año pasado, y surgió por la denuncia de una señora de avanzada edad, que vive en Barreal, y que quería comprar una prefabricada para ponerla en Córdoba, en el patio de la casa de un hijo suyo, para ir a visitarla con más comodidades.

La señora fue a comprar la prefabricada a una proveedora que queda sobre la calle 5, en Rawson. Según la resolución de Defensa, la denunciante contrató con el denunciado a través de un documento que carece de fecha de suscripción y fecha de entrega, que luego fue agregada a mano, "maliciosamente". La señora alcanzó a depositar a favor de la empresa 9.000 pesos como primera cuota por la casa de 17.800 que nunca le entregaron. Al hacer los trámites para llevarla a Córdoba, la municipalidad de esa ciudad le pidió a la denunciante la aprobación técnica de la vivienda y el vendedor se la negó diciéndole que las viviendas que comercializa constituyen un sistema constructivo de los llamados "tradicionales" y por ende no requieren aprobación.

Según dijo López, el daño que se le produjo a la denunciante fue muy grande, porque nunca le entregaron la casa ni los materiales ni le devolvieron el dinero pese a que acordaron que la entrega sería en 30 ó 60 días del primer pago, y se desnudó una presunta irregularidad que, según Defensoría, es común "a la mayoría" de locales de venta de prefabricadas, que comercializan unidades sin habilitaciones pertinentes. Esto último, según López, lo cotejaron con Planeamiento, que tiene su propio seguimiento de este rubro, que asegura que son construcciones "no convencionales" que deben presentar habilitaciones especiales, sobre todo en zona sísmica como San Juan.

Así, los cargos que dieron lugar a la sanción son por incumplimiento del contrato, retención indebida de dinero, y falta de habilitación. Además, según dijo Sara López que es la abogada de la repartición, ahora irán con la denuncia a la Justicia porque aparentemente el dueño de la empresa sacó las fajas de clausura. De todas maneras, todos los oficios se envían a sede judicial para investigación de presuntos delitos.

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