El default de TGN, por dentro

Por Carlos Pagni

Mañana regresará a Buenos Aires Paolo Rocca, el titular del grupo Techint y, con su llegada, podría comenzar a encauzarse la crisis por el default de Transportadora General del Norte. En el Gobierno aguardan a Rocca para que se ponga al frente de las negociaciones. El objetivo de Néstor Kirchner es uno solo, según explicó uno de sus más cercanos interlocutores: "Que salgan del default y se termina la intervención. No hay otro tema de por medio".

El Gobierno designó al economista Roberto Pons como interventor de la empresa. Y el Enargas formuló una denuncia penal contra TGN ante el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre la base de tres cargos principales: no haber labrado un acta de directorio con la decisión de entrar en cesación de pagos; haber fraguado ese acta, antedatándola, una vez que se descubrió su inexistencia; no haber presentado un informe de auditoría advirtiendo sobre la eventualidad del default.

La denuncia tiene todo el aspecto de ser una sobreactuación de los funcionarios. La indignación por la cesación de pagos es el verdadero motivo de la embestida oficial. Los ejecutivos de la empresa aducen haber adelantado ante la Comisión Nacional de Valores y ante el Ministerio de Planificación que no podrían cumplir con sus compromisos. Fuentes cercanas a Julio De Vido admiten que ese aviso existió: "Es cierto, dos hombres de Techint, Carlos Ormaechea y David Uriburu, hablaron con algunos colaboradores del ministro. Y recibieron un mensaje tajante: ?Ustedes declaren el default y nosotros intervenimos?".

El Gobierno asistió con espanto a la decisión de TGN. La principal beneficiaria de ese estupor fue Autopistas del Sol, que recibió un aumento de tarifas superior al 100% para evitar que cayera también en default. Néstor Kirchner está atemorizado ante la posibilidad de una cadena de cesaciones de pagos que terminen contaminando al propio Tesoro nacional con la perspectiva de un crac financiero. En contra de ese miedo no hay argumento que valga: aunque sea evidente que, como otras compañías, la situación financiera de las transportadoras de gas está determinada por el torniquete que le impuso el mismo Estado con su política de tarifas.

Para los funcionarios la intervención no agravó el mal que pretendía despejar, es decir, no aumentó la incertidumbre que afecta a la economía a escala internacional. "No exagere -contesta un colaborador de De Vido ante esa observación-, designamos a un interventor salido de la UIA, un profesor universitario, casi diría un hombre de ellos". En algo tiene razón el argumento: Pons, según fuentes de TGN, está en estado de pánico desde que llegó a la empresa y se encontró envuelto en una trama de presiones políticas insoportables para un académico.

En la Casa Rosada se empeñan en reducir el problema con TGN a una cuestión financiera. En otras palabras, descartan otras motivaciones. Por ejemplo, una venganza contra la compañía que, en su momento, aportó los registros que permitieron demostrar la existencia de sobreprecios en la primera ampliación de gasoductos, operación conocida con escándalo como "caso Skanska". "Es un delirio ?refuta un funcionario de Planificación--; con la gente de Techint nos podemos llevar bien o mal, pero sabemos que en la conducta de TGN no tuvieron nada que ver. Es más, ni siquiera suponemos que haya habido una picardía. Más bien creemos que fueron irresponsables y perdieron el control de una situación delicada en medio de la crisis". En este contexto es que el Gobierno apuesta a que la llegada de Rocca al país pueda poner al problema en vías de solución.

Si fuera así, el caso TGN podría asemejarse al de Edelap, la distribuidora eléctrica controlada por AES. Los reguladores amenazaron a la compañía con el infierno y desde el Ministerio de Planificación se hicieron trascender medidas similares a las aplicadas en la transportadora de gas. Hasta se convocó al embajador de los Estados Unidos para hacerle notar el malestar oficial ante el pecado de esa empresa norteamericana: haber comprado, a través de una subsidiaria, deuda de Edelap, sin limpiar el pasivo de la compañía. Sin embargo, esa tormenta duró poco. Al cabo de una semana de amenazas, el Estado y la empresa firmaron un acta para comprometerse a superar todos los inconvenientes. Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, le explicó a un dirigente del PJ la razón de esa pacificación. Lo hizo de manera muy sencilla, casi ramplona: "Con AES no podemos seguir apretando. Esos no son los gallegos, ésos son Obama". Traducido: con Edelap no se podía proceder como con Aerolíneas Argentinas. El Gobierno descubrió, un poco tarde, que AES fue una de las claves del financiamiento del nuevo presidente de los Estados Unidos, como antes lo había sido de Bill Clinton, el esposo de la futura secretaria de Estado.

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