Dos decretos para evitar los controles

Por Adrián Ventura

Los dos decretos de necesidad y urgencia que dictó la presidenta Cristina Kirchner, uno para disponer de las reservas y el otro para echar a Martín Redrado del BCRA, encubren un solo objetivo: eludir todos los controles institucionales y burlar la división de poderes.

Es claro que ninguno de los dos decretos tiene justificación alguna.

El DNU 2010/09, que dispone el uso de las reservas, peca de un vicio que es insanable: más allá de que el Poder Ejecutivo no puede disponer de los fondos del BCRA para pagar la deuda, la Presidenta nunca pudo justificar cuál fue la urgencia en dictar un DNU, en lugar de convocar a sesiones extraordinarias.

La Constitución nacional dice que sólo puede dictarse un decreto de necesidad y urgencia cuando se dan ciertos requisitos: que no se pueda seguir el procedimiento ordinario de sanción de las leyes, algo que la mandataria pudo haber subsanado convocando a extraordinarias, y cuando existe urgencia. ¿Cuál era la urgencia, en diciembre último, para incautarse de 6500 millones de dólares del BCRA que sólo serán usados para afrontar vencimientos que se producen, principalmente, entre marzo y agosto, y para cuyo pago también se previó una partida similar en el presupuesto nacional?

El objetivo de ese DNU, dictado fuera del período de sesiones ordinarias del Congreso y sin convocar a extraordinarias, sólo tuvo un objetivo: esquivar al Poder Legislativo. Por eso, es casi seguro que la jueza María José Sarmiento, en las próximas horas, suspenderá la aplicación de ese decreto, para dar tiempo a que funcionen los equilibrios que establece la Constitución.

El DNU 18/2010, que removió al titular del BCRA, pretende justificarse con un sofisma, un argumento circular: la ley que estableció la Carta Orgánica del BCRA establece que su presidente no obedece órdenes del Poder Ejecutivo, pero -dice Cristina Kirchner- el DNU no es una orden, sino que tiene fuerza de ley y modifica esa Carta Orgánica. Por eso, sostiene la mandataria, Martín Redrado lo desobedeció y por eso fue destituido, alegándose su mala conducta.

Si un DNU, con fuerza de ley, pudiese reformar cualquier ley, se llegaría al absurdo de que, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia puede reformar los mecanismos legales de acceso a la Corte o diluir los controles que prevé la ley de la Auditoría General de la Nación.

Hasta el absurdo

Hay leyes que establecen procedimientos constitucionales que, por razón de la misma lógica constitucional, que requiere controles recíprocos y equilibrios de poderes, quedan necesariamente fuera del alcance de los DNU. Los constituyentes nunca prevén el absurdo y no anticiparon semejante intento de atropello. Esa es, precisamente, la situación del BCRA: la Constitución estableció que será regulado por una ley del Congreso, para dejarlo fuera del alcance del Poder Ejecutivo. En las próximas horas, Redrado presentará una acción de amparo y pedirá una medida cautelar.

Ambos decretos son distintos, pero ponen en riesgo la autonomía del Central, exponen las reservas y, en definitiva, importan un atropello a la división de poderes.

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