El decreto

La demanda penal del Gobierno contra Cobos es motivo de un análisis jurídico exhautivo. A primera vista parece no haber delito porque el decreto "encontrado" nunca fue publicado. Sin embargo hay otras alternativas. Las maniobras políticas mezcladas con las razones jurídicas.
"¿Que validez tiene un decreto firmado y no publicado en el Boletin Oficial? Por favor ¿me lo pueden contestar?". Esta consulta dejó un lector de MDZ el viernes 23, el comentario fue publicado a las 11,31 ese día.

Pedro -así se identificó nuestro lector- había observado el informe de este diario digital titulado "Benítez le relató al fiscal la historia de las cuentas paralelas" donde se mencionaba que el fiscal Daniel Carniello a cargo de esa causa que cuestiona la gestión de Jaque en política petrolera, también tiene que investigar la denuncia que el Gobierno hizo por el caso del decreto presuntamente falso que firmó Julio Cobos cuando era gobernador junto el entonces ministro de Obras Públicas Francisco Morandini.

Es ese viernes Mendoza amaneció con una noticia que figuraba en sólo dos de sus diarios, Los Andes y Uno - por deseo expreso del Gobierno que quería verla sólo en esas dos portadas.

Por eso se entiende la pregunta de Pedro, que es compartida por muchos mendocinos interesados en las cuestión pública.

La acusación surge porque una funcionaria actual, la subsecretaria de Servicios Públicos Patricia Martínez (curiosamente era la representante de Edemsa ese momento), encontró un decreto olvidado con un número que, en el Boletín Oficial aparece utilizado en otro decreto totalmente distinto.

Es decir, se utilizó el mismo número para dos documentos públicos distintos. A simple vista, no se termina de comprender la gravedad de la acusación por lo que MDZ consultó con algunos expertos y partes interesadas en el caso para desglosar la cuestión.

Los recuerdos del Coco

Sobre si es meritorio el pedido de investigación penal por la presencia de dos decretos con el mismo número Jorge "Coco" Albarracín ex secretario Legal y Técnico de Cobos y actual diputado nacional aseguró que todo el hecho "me causa sorpresa porque hubo un cuestionamiento muy fuerte desde la Empresa Provincial de Energía de Mendoza entonces se pidió por favor que no entre en rigor el decreto por los problemas que ocasionaría".

"Por ello, se estudió el texto para ver si era verdad o no lo que decía la empresa, y empezó todo el trámite que terminó en lo que hoy es el marco regulatorio que usa el Estado de Mendoza para lidiar con todas las empresas eléctricas", recordó.

Un dato a tener en cuenta, es que para alguien que no es experto en el tema, al leer las notas que daban cuenta de la denuncia pareciera que todo el valor de la acusación recae sobre el hecho de que haya dos decretos con el mismo número.

Justo en ese punto, sobre si ese hecho conforma un delito o no, es donde se cruzan las versiones.

Albarracín puntualizó que cuando un decreto llega desde un Ministerio -firmado por el titular de la cartera- se lo revisa, lo firma el Gobernador y es entonces cuando se le otorga un número, el que corresponde a ese día. "Luego de ese trámite, se presentó la nota de la empresa, por eso se retiró de circulación con ese número, pero ese número no puede quedar en falso porque si ese decreto vuelve dentro de un día corregido hay que darle otro número, el de ese otro día. Por eso hay que dárselo a otro decreto, no puede quedar en falso".

Además, el legislador dijo que: "Ese decreto fue una situación extraña porque la empresa recurrió antes de que saliera publicado, en consecuencia, decidimos suspender la tramitación".

Yo, Cazabán, acuso...

Las fuentes oficialistas disienten con los dichos de Albarracín ya que aseguran que en la Fiscalía de Estado yace el decreto que sí fue firmado por el entonces Gobernador Julio Cobos.

Por ello, lo lógico es que en vez de sacarse de circulación, se hubiera derogado dejando la constancia legal que corresponde.

De haber estado firmado, al querer hacerlo desaparecer, se estaría constituyendo un delito que cae sobre la figura “delito contra la fe pública”. Concretamente, el delito se constituye al pretender suprimir un documento público.

En este cuadro hay que resaltar que el operativo legal orquestado por Alejandro Cazabán, secretario de la Gobernación nunca especificó en sus datos trascendidos a través de las nota publicadas cuál era la posible figura delictual denunciada, sino que sólo se limitó a pedir una averiguación del hecho. Es recién a través de esta que se deberá comprobar si la eliminación de ese decreto constituyó algún tipo de perjuicio para Mendoza.

Palabra codificada

En el Código Penal, este delito está explicitado dentro del artículo 294 que reza “el que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en una pena”.

Además, se hace mención de lo mismo en el apartado 298 que asegura que “cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

En el caso del artículo 249 del Código Penal se sanciona la actuación del funcionario al ejercer la administración estatal.

De interés privado o general, esa es la cuestión

Un jurista que está siguiendo el caso de cerca como un experimento profesional, expresó, luego de repasar algunos textos de teóricos del Derecho Administrativo, que había que "dilucidar si el decreto en cuestión se trata de un acto administrativo a una petición de la empresa donde se generan los efectos de ese acto sólo con la notificación a la compañía. Lo que no está claro es si esa notificación se produjo".

Por otro lado el letrado señaló que "si en vez de ser una petición individual, el mentado decreto, en realidad es un reglamento con alcance colectivo y general es necesario para su implementación la publicación".

No es menor la observación, ya que lo que dejó trascender el gobierno a través de lo que reflejaron los diarios impresos de mayor tirada en Mendoza no están especificados estos detalles.

Esa es la tarea del fiscal Carniello que por lo que se sabe es reació a avanzar rapidamente con las causas donde haya presión pública y más si se lo imponen a través de los medios.

Por ahora, por lo que se ve en la superficie, y es precisamente es lo que ha dejado ver el Ejecutivo, no parece revestir delito la acción del gobierno anterior.

Aunque más allá de lo procesal penal, los títulos de los diarios señalaron que Cobos fue denunciado penalmente por el actual gobierno mendocino justicialista y últimamente kirchnerista.

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