Un decreto modificó los plazos de la Corte para la casación penal

Mediante un decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo modificó tres artículos del Código Procesal Penal referidos al procedimiento que la Corte de Justicia emplea para resolver recursos de casación penal, es decir aquellos recursos que presentan ante el máximo tribunal de justicia quienes se sienten agraviados por la sentencia de un juez o tribunal de primer grado.
La medida busca dotar de mayor agilidad al trámite de la casación penal y esencialmente eliminó en uno de los artículos del Código Procesal Penal la realización de un audiencia que debía fijar el presidente del tribunal, después de declarar procedente el recurso.

Los considerados del decreto de necesidad y urgencia expresan que sólo durante el año 2008 ingresaron al máximo tribunal de justicia un total de 2.278 causas elevadas por la vía impugnativa para resolver como tribunal casatorio o de apelación y de ese total, un 70% corresponde al fuero penal y que el actual procedimiento fija un audiencia para el informe final en la que deben estar todos los miembros de la Corte que deben dicta sentencia.

Advierte asimismo que las cifras reflejan un incremento cercano al 25% anual en casos de casación que debe atender la Corte.

El decreto de necesidad y urgencia recoge el hecho de que la Corte tiene arraigado en el recurso de casación, la alternativa para que las partes presenten sus informes verbalmente o por escrito, mecanismo que constituye una solución que favorece al recurrente, porque responde a la necesidad de contemplar la pauta de razonabilidad, como un objetivo a cumplir en relación al tiempo de duración de los procesos.

Apunta que la resolución de los recursos sometidos a la Corte, sufriría una severa dilación si no se diera a las partes la posibilidad de informar el recurso de casación por escrito, ya que, el alto número de causas que ingresan haría que los ministros de la Corte dispensen gran parte de su tiempo, para asistir exclusivamente a las audiencias de casación y aún así, no alcanzarían las posibilidades materiales para resolver la totalidad de asuntos penales; produciéndose, además, no sólo una enorme dilación en la resolución de esas causas, sino también, en los hechos, una virtual paralización del servicio de justicia.

Las modificaciones establecen que si el recurso es declarado procedente estará 15 días en consulta. Vencido ese plazo se correrá vista a cada uno de los interesados para que en el término de diez días presenten, por escrito, el informe final.

Vencido este último término el presidente llamará autos para resolver y la sentencia se dictará en un plazo de 20 días.

Cabe consignar que el decreto de necesidad y urgencia queda firme una vez que transcurran 45 días de su dictado sin que las cámaras legislativas lo hayan tratado.

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