El “dedazo cortesano” de Mauricio Macri, al designar por un decreto de necesidad y urgencia a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, genera una grieta entre los socios políticos de “Cambiemos”. Esa disputa también se siente en La Pampa, donde dirigentes del radicalismo dejaron claro su rechazo al modus operandi de la fuerza que llegó al gobierno prometiendo “republicanismo”. En cambio, el PRO estrecha filas: la diputada Josefina Díaz salió a defender el mecanismo usado por Macri, que es el mismo que usaron las dictaduras.

“Acompaño la designación”, dijo la diputada que saltó del radicalismo a las filas del espacio que en nuestra provincia comanda el exfutbolista Javier “Colo” Mac Allister.

En la vereda de enfrente, y aunque formaron parte de una misma lista en las elecciones de octubre, los radicales Martín Berhongaray y Abel Sabarots tomaron distancia. Mientras Berhongaray dijo que fue “una desprolijidad”, el diputado Sabarots aseveró que “la designación es un error”. Interpretó que la Corte podría haber funcionado con menos miembros hasta que estuviera en funcionamiento el Congreso. Y advirtió: “si buscamos una justicia independiente, los dos miebros de la Corte designados en comisión no tienen esa característica”.

Según Díaz, se trata de un decreto “legal y constitucional y en este momento necesario”. Insistió en que “no raya lo inconsticional ni debilita la institucionalidad, dota al máximo poder de la Justicia del recurso humano calificado en estos primeros meses de transición”. Pese a ello, expertos y constitucionalistas que incluso acompañaron al PRO en la campaña advirtieron sobre la maniobra. También lo hicieron comunicadores que simpatizan con el presidente y dirigentes del radicalismo, si bien en senador Ernesto Sanz salió a despegarse de ellos para darle un espaldarazo a su socio.

Díaz enumeró: “Es una designación provisoria legal. Junto con el decreto de designación se instruyó se inicie con el proceso del Decreto 222 que prevé la recopilación de antecedentes y la exposición de la opinión pública y de las entidades de la sociedad civil para recibir impugnaciones o adhesiones a los candidatos, se busca cumplir con el proceso del Decreto 222, al 1 de marzo del 2016 para que ese día el Senado tenga los pliegos para su consideración. Si el Senado los ratifica serán jueces por el procedimiento normal. Si el Senado no los ratifica tendremos que iniciar un proceso con otros candidatos”.

Opinó que “en estos meses (los designados) Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, ambos, como coinciden tanto constitucionalistas y políticos, incuestionables juristas y académicos, de prestigio nacional e internacional van a ejercer su función con absoluta libertad, mientras se someten al proceso que establece el Decreto 222, y luego, será Senado quien los ratifique o no en sus cargos”.

“Es responsabilidad estudiar la decisión tomada por nuestro presidente y hacerla conocer, soy garante de nuestros derechos constitucionales en el lugar que me dieron los pampeanos, entiendo todos los posicionamientos, pero convencida que es el momento de fortalecer las instituciones, acompaño la designación y aguardo la implementación del Decreto 222, esperando la definición de nuestros senadores, quienes seguramente van a estar altura de las circunstancias, para que nuestra Corte sea dotada de los mejores juristas con total independencia política, que garanticen la libertad e independencia del Poder Judicial. Podemos decir que es una forma no habitual, nos puede gustar o no pero no podemos decir que es inconstitucional ni ilegal”.