Decretan la emergencia agropecuaria

Para Santa Cruz y otras 12 provincias. Tanto los bancos públicos como la Afip deberán instrumentar los beneficios impositivos establecidos en la Ley 26.509. Entre ellos, la deducción de Ganancias de las ventas forzosas de hacienda. Se formará un Comité de Emergencia que entrará a regir el 1 de enero de 2010.
El Ministerio de Agricultura declaró en emergencia o desastre agropecuario -según corresponda en cada caso particular- a regiones productivas de Córdoba (para tamberos y ganaderos afectados por sequía); Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz (productores afectados por sequía); Mendoza (granizo), y Chubut (heladas).

La medida fue aplicada además en Salta para productores de vid, hortalizas y maíz afectados por granizo; en Santiago del Estero para productores de hacienda, leche, algodón, alfalfa y frutihortícolas afectados por la sequía; en San Juan para productores de vid, olivo, frutales, hortalizas, alfalfa y semillas afectados por aluviones; en Catamarca para productores agrícolas y ganaderos afectados por sequía, heladas y granizo.

Las medidas -publicadas ayer en el Boletín Oficial- disponen que "las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas" y la Administración Federal de Ingresos Públicos "arbitrarán los medios necesarios" para que los productores comprendidos en la emergencia agropecuaria puedan gozar de los beneficios dispuestos en la Ley 26.509.

Entre los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia Agropecuaria (26.509), se incluye la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias el 100 % del beneficio generado por las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina. Aunque para que tal medida sea efectivizada, se requiere una reglamentación de la Afip.

La norma considera que una "venta forzosa" es aquella que exceda en cantidad de cabezas el promedio de las efectuadas por el contribuyente en los dos ejercicios anteriores a aquél en el cual se haya declarado la emergencia.

Otro de los beneficios contemplados es la posibilidad por parte de la Afip de suspender hasta el próximo ciclo productivo -después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario- la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados. También se determina la posibilidad de congelar los juicios en trámite.

Tales beneficios -en caso de ser efectivizados- podrán ser aplicados en función de las fechas de emergencia declaradas en cada caso.

En lo que respecta a las entidades bancarias públicas o mixtas, la Ley 26.509 menciona que, una vez declarada la emergencia, podrán "esperar y renovar a pedido de los interesados las obligaciones pendientes a la fecha en que fije como iniciación de la emergencia o desastre agropecuario y hasta el próximo ciclo productivo" (por lo que se mencionó antes, tal medida ya no podría aplicarse, por ejemplo, en el caso de Córdoba).

En cualquier caso, la normativa dispone que para poder acceder a los beneficios eventuales que podrían establecerse a partir de la declaración de la emergencia, "los productores comprendidos en las zonas de emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos el 50 %", mientras que aquellos comprendidos en zonas de desastre "deberán encontrarse afectados en su producción o su capacidad de producción en por lo menos un 80 %".

En el caso de Santa Cruz, el diputado de Puerto Deseado, Roberto Fernández, quien había presentado un proyecto en la Cámara para que el CAP acelerará la homologación de la emergencia provincial decretada hace un año atrás, aseguró que esto permitirá que los productores ovinos y laneros de Santa Cruz puedan recibir alguna parte de los 500 millones de pesos anuales que se distribuirían entre productores afectados por desastres climáticos. "Tenemos que entrar ahí", dijo Fernández, aclarando que para auxiliar a los productores santacruceños "con poquito más del uno por ciento de esos 500 millones podríamos cubrir la necesidad de una emergencia como la del Departamento Deseado".

Precisamente, la declaración de emergencia nacional beneficia al Departamento Deseado, zona más castigada con la sequía en toda Santa Cruz, pese a que en general la provincia se ha visto afectada por este flagelo, que ha provocado alta mortandad de corderos, entre otras cosas.

Comité de Emergencia

El viernes, el ministro de Agricultura notificó a los representantes de las entidades rurales las declaraciones de emergencia agropecuaria de las provincias de Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, Chubut y Corrientes.

Domínguez se reunió con los presidentes de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace, para dialogar sobre la reglamentación de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

En la reunión, que se extendió por espacio de más de cuatro horas y se hizo en un clima cordial en la sede del Ministerio, Domínguez solicitó a las entidades que designen a sus representantes para la comisión de emergencia agropecuaria, como lo prevé la ley que entrará en vigencia el 1 de enero próximo.

En tal sentido, la cartera agraria coordina trabajos entre las provincias, las instituciones y los pequeños y medianos productores, consignó un comunicado del Ministerio de Agricultura.

Además, se estableció un mecanismo de trabajo que consiste en la puesta en marcha de un comité de crisis en las regiones afectadas por el desastre agropecuario.

En tanto, la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, pidió que las entidades ruralistas articulen con las autoridades de los gobiernos provinciales, "políticas para el gerenciamiento de un fideicomiso que permita liberar a los productores del endeudamiento que tanta angustia les causa, y evitar de esta manera el remate de sus tierras". (Télam-La Opinión Austral)

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