DECLARARON SECRETARIOS DE UN JUZGADO Y PIDEN INFORMES

Tras pedir la inhibición de su par federal Norberto Oyarbide, el juez de Instrucción misionero Fernando Verón impulsa la investigación misionera del escándalo por las escuchas "legales" que se inició por el espionaje telefónico al dirigente judío Sergio Burstein y el empresario Carlos Ávila.
Esta semana, el magistrado federal Norberto Oyarbide le tomó declaración a los dos secretarios del Juzgado de Instrucción 1, Gregorio Busse y Mónica González; y a Fernando Castelli y Lidia Beatriz Kruchowski, quienes firmaron los pedidos de intervención telefónica que en su momento realizó el juez de Instrucción Horacio Enrique Gallardo. Los cuatro explicaron qué función cumplen y en ese sentido que sólo rubrican l firma de los jueces en los expedientes, además de cumplir una serie de funciones administrativas. Además, dijeron que ante un pedido de escuchas telefónicas a sospechosos o personas que podrían tener relación con delincuentes "se arma un expediente pero no se chequea la titularidad por temor a filtrar información y, además, evitar demoras", señalaron. Los secretarios prestaron una declaración informativa, no jurada, dijeron desde la Justicia. En tanto el juez Verón pidió una serie de informes para establecer cuál es la situación patrimonial del comisario inspector Raúl Alberto Rojas y el oficial auxiliar Gastón Guarda, ya que son los que habitualmente pedían la pinchadura de teléfonos en distintos expedientes. El pedido de informes fue girado a los bancos, al Registro de la Propiedad Inmueble y a otras instituciones.

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