DECLARARON SECRETARIOS DE UN JUZGADO Y PIDEN INFORMES

Tras pedir la inhibición de su par federal Norberto Oyarbide, el juez de Instrucción misionero Fernando Verón impulsa la investigación misionera del escándalo por las escuchas "legales" que se inició por el espionaje telefónico al dirigente judío Sergio Burstein y el empresario Carlos Ávila.
Esta semana, el magistrado federal Norberto Oyarbide le tomó declaración a los dos secretarios del Juzgado de Instrucción 1, Gregorio Busse y Mónica González; y a Fernando Castelli y Lidia Beatriz Kruchowski, quienes firmaron los pedidos de intervención telefónica que en su momento realizó el juez de Instrucción Horacio Enrique Gallardo. Los cuatro explicaron qué función cumplen y en ese sentido que sólo rubrican l firma de los jueces en los expedientes, además de cumplir una serie de funciones administrativas. Además, dijeron que ante un pedido de escuchas telefónicas a sospechosos o personas que podrían tener relación con delincuentes "se arma un expediente pero no se chequea la titularidad por temor a filtrar información y, además, evitar demoras", señalaron. Los secretarios prestaron una declaración informativa, no jurada, dijeron desde la Justicia.

En tanto el juez Verón pidió una serie de informes para establecer cuál es la situación patrimonial del comisario inspector Raúl Alberto Rojas y el oficial auxiliar Gastón Guarda, ya que son los que habitualmente pedían la pinchadura de teléfonos en distintos expedientes. El pedido de informes fue girado a los bancos, al Registro de la Propiedad Inmueble y a otras instituciones.

El magistrado también pidió a Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia que en un plazo de 24 horas informe sobre los períodos en que se realizaron escuchas a unos quince teléfonos que aparecen en distintos expedientes.

Para confirmar a quien o quienes pertenecen esos números, Verón le pidió a las distintas empresas telefónicas que le informen la identidad de los dueños de las líneas en un plazo de 48 horas.

Y a sus colegas les solicitó copia de todos los expedientes que mandó a pedir Oyarbide a través de un oficio que también ordenaba el allanamiento de los Juzgados de Instrucción 1 y 2.

Estos movimientos en el expediente se dan pocos días después que Verón le pidiera a Oyarbide que decline su competencia por considerar que los delitos investigados son ordinarios y, además, ocurrieron en la provincia de Misiones.

Por su parte el magistrado porteño tiene plazo hasta el lunes para resolver el planteo. Si se opone, el incidente sera resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no tiene plazos para expedirse. Mientras, cada uno de los jueces continuará con sus pesquisas en forma independiente, con el riesgo de que luego se declare la nulidad de lo actuado por quien pierda la competencia.

El escándalo por el espionaje telefónico se inició hace poco más de un mes cuando el dirigente judío fue alertado a través de un anónimo que su celular había sido intervenido. Sergio Burstein presentó un pedido ante la Justicia y así se pudo establecer que la pinchadura telefónica había sido ordenada desde Misiones.

Precisamente los policías Rojas y Guarda fueron los primeros en aportar la identidad de quien aparece como el mayor responsable de esas escuchas, el ex comisario de la Policía Federal Ciro Gerardo James, quien está procesado con prisión preventiva.

Los oficiales dijeron que James les dio los números porque serían los que utilizaban familiares del prófugo Pedro Antonio Figueredo, quien es buscado en Misiones por el homicidio del contador José María Píccoli.

En esta causa Oyarbide mandó a detener a Rojas, Guarda y al comisario mayor Rubén Quintana, quienes estuvieron alojados en el penal de Marcos Paz y luego fueron excarcelados tras notificarse del procesamiento.

Ahora el fiscal Alberto Nissman y el juez porteño parecen empecinados en tomar declaración indagatoria y procesar a los jueces Gallardo y Rey, quienes autorizaron las escuchas ahora cuestionadas.Vox Populi - El Diario Digital de Misiones, Argentina.

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