Declararon admisible el jury al juez Herrera y lo suspendieron

El Jurado de Enjuiciamiento declaró ayer la admisibilidad formal del pedido de juicio político contra el juez de Trabajo Nº 1 de esta ciudad, Carlos Alberto Herrera. Además, lo suspendió en el ejercicio de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso de jury para determinar si debe ser destituido.
La decisión del Tribunal, que estuvo reunido durante casi todo el día, no fue unánime: el senador provincial José Luis Valle (UCR) votó en contra de la determinación mayoritaria, que aprobó la admisibilidad del pedido presentado el 27 de julio por el Procurador General, Pablo López Viñals, que acusa al juez por mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

El tribunal, presidido por el titular de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, estableció que el 5 de octubre, a las 9, se iniciará el debate oral y público para determinar si el magistrado debe ser destituido.

Mientras tanto, no ejercerá la función y cobrará solo el 70% de su haber, dado que el 30% quedará embargado a la espera del resultado del proceso.

La decisión del tribunal implicó también una llamada de atención para el Procurador: de los 10 hechos en los que basó su acusación, el Jurado solo aceptó tres, las causas Filipovich, Angelita Golosinas y Mey, y desestimó las siete restantes por el tiempo transcurrido, dado que la causa más antigua se remonta a 1998.

"Se advierte que la acusación dirige sus cargos contra causas que en su mayoría fueron sustanciadas hace mucho tiempo", sostuvo el Jurado. Añadió que "la conformidad y posterior inactividad propia por falta de reclamos durante tantos años de los distintos órganos predispuestos y de los particulares demuestran acabadamente que no habilitan su consideración como parte de la acusación".

Una afirmación que parece venida como anillo al dedo a quienes sostienen que el pedido de jury contra Herrera está motivado por el fallo que en junio pasado dictó a favor de la empresa Centro Imagen en un amparo presentado en contra de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), de la cual se sospecha que habría actuado como fuente de financiación de la campaña del candidato oficialista en las elecciones legislativas.

Comentá la nota