Deben peritar 370 expedientes generados por compras directas

La fiscal Cabanillas investiga cómo se gastaron millones en elementos para asistencialismo.
La fiscal Elizabeth Cabanillas, responsable de la investigación judicial por la actuación del sindicalista Víctor Brandán al frente del área de Acción Social, durante 2003, tiene por delante una compleja tarea para dilucidar datos valiosos para la causa: debe peritar un total de 370 expedientes remitidos por el Ejecutivo provincial, y otros que secuestró. El trabajo no es sencillo y tiene un costo importante, pero arrojaría precisiones sobre las posibles maniobras realizadas con los millonarios fondos provinciales destinados al asistencialismo.

Los documentos serán analizados mediante una pericia contable, e incluyen papeles de la gestión Brandán y otros de la administración anterior, que se pagaron cuando el titular de la UOCRA se desempeñaba como subsecretario de Acción Social.

El estudio apunta a reconstruir los procedimientos administrativos seguidos por el organismo en compras directas de distintos insumos, principalmente de alimentos.

Se indagará, entre otras cuestiones, si existieron maniobras fraudulentas y sobreprecios, así como los proveedores que estuvieron involucrados.

Cabanillas investiga las contrataciones directas realizadas por Brandán de marzo a diciembre de 2003. Amparado en un decreto que elevaba el tope autorizado para las compras de 100 mil a 350 mil pesos, y eximía al organismo de la limitación establecida para adquirir de esta manera artículos de un mismo tipo dentro de un lapso de treinta días, el sindicalista gastó 27 millones de pesos en nueve meses.

La mayoría de estas compras eran de alimentos para armar módulos destinados a paliar las necesidades del sector de la población más pobre, en medio de la crisis social de ese momento, aunque también se incluyeron elementos como juegos de ingenio.

Reactivación

La causa judicial tuvo diversos vaivenes y prácticamente no se movió mientras Brandán tuvo los fueros de diputado provincial. Una vez que terminó su mandato, la investigación se reactivó.

Sin embargo, la fiscal de instrucción tuvo dificultades para acceder a la documentación sobre la gestión en Acción Social.

Tal fue el caso de expedientes que debían estar en los archivos de Tesorería General. Cabanillas hizo reiterados pedidos para que se los envíen, pero desde Casa de Gobierno dieron confusas versiones sobre el destino de los papeles.

En un momento llegaron a decir que se habían perdido, luego que estaban en el Tribunal de Cuentas.

El propio titular del organismo, Ernesto Schamun, no hizo sino generar más dudas. A este diario primero aseguró que habían aparecido expedientes, pero que eran pocos. Un día después lo negó y aseguró que se trataban de "órdenes de pago sin valor".

Recién cuando Fiscalía de Estado, a cargo de Simón Hernández, intervino en el tema, aparecieron sorpresivamente los documentos en Tesorería, que fueron enviados a la Justicia.

Hernández ordenó una investigación propia por este tema y confirmó que el Estado provincial se presentaría como actor civil en la causa judicial.

Hasta el momento, no se informó si este paso ya fue tomado por la Provincia.

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