"El STJ debe manejar su presupuesto"

El Colegio volvió a reclamar la modificación del sistema de elección de jueces y la eliminación del sistema de pasantías. Afirmó que para el Poder Ejecutivo, el servicio de justicia no es prioritario.
El Colegio de Abogados, en el editorial de su revista, planteó que en un "futuro próximo" el Superior Tribunal de Justicia, como órgano superior del Poder Judicial, debe "realizar, determinar y ejecutar" su propio presupuesto y no depender de lo que disponga el Poder Ejecutivo.

En la nota titulada "El presupuesto y la administración de justicia", la entidad que preside Juan Raúl Lordi, señaló que "la administración de justicia esta íntimamente vinculada con la asignación de recursos, pero dependiendo de la óptica con que se la observe, puede considerarse como una erogación y/o gasto dentro del presupuesto del Estado, o bien como una inversión para una de las funciones indelegables que el Estado debe realizar para tender a la satisfacción del genérico interés público".

Agrega que "en la actualidad se observa una crítica cotidiana de la comunidad, matriculados y de la opinión pública en general, acerca de la lentitud, demora y burocratización en el dictado de las resoluciones judiciales".

"Si bien el Superior Tribunal de Justicia, como órgano supremo del Poder Judicial es quien calcula el presupuesto de ese poder del Estado, es el Ejecutivo quien con aprobación del Poder Legislativo determina cuantitativa y cualitativamente la asignación de recursos", remarca la nota.

El Colegio detalló que la participación del Poder Judicial en el presupuesto total de la provincia ha oscilado desde 2006 a la fecha, entre un 3,15 y un 3,59 por ciento; que en el presupuesto de 2007 la asignación otorgada al P.J. significó el 81 por ciento de lo estimado por el S.T.J. y en 2008 del 84 por ciento; y que este año solamente se reconoció el 12 por ciento de los cargos o vacantes solicitadas.

"Es a partir de estos datos objetivos que no resultaría prioritario para esta administración, y las otras que le precedieron, mejorar la calidad del servicio de justicia", expresaron los abogados.

Prioridades.

En otro párrafo del editorial, el Colegio sostuvo que "también ha resultado un factor coadyuvante de la actual situación, la falta de previsión de las vacantes en los distintos fueros, que acaecieron derivadas del retiro y ascensos en los distintos cargos judiciales, y que pudieron oportunamente haberse previsto, y que deberían preverse en el futuro, a fin de evitar nuevamente un virtual colapso del sistema judicial".

"Además de la adecuada asignación de recursos -añade el texto-, es necesario adoptar una serie de medidas que no pueden postergarse más en su implementación, entre otras: la modificación del actual sistema de designación de jueces y funcionarios judiciales; una efectiva contratación de empleados judiciales de carácter permanente, dejando de lado el actual sistema de vacancias; la implementación de la mediación como instancia obligatoria; el mejoramiento e innovación tecnológica en el seguimiento de las causas; la capacitación de funcionarios y empleados judiciales; la especialización de juzgados; una equitativa distribución de recursos en las distintas circunscripciones judiciales; y la conformación de un cuerpo de peritos oficiales".

Con relación a la construcción del edificio de la Ciudad Judicial en Santa Rosa, los abogados dijeron que aunque "contribuirá a centralizar el Poder Judicial

en la I circunscripción, y por ende a mejorar las condiciones donde prestan tareas funcionarios judiciales y matriculados; no resulta en sí misma una solución para eficientizar la administración de justicia, por cuanto ésta y otras circunscripciones se encuentran relegadas en la solución de sus problemas estructurales".

General Acha.

Más adelante, el artículo señala que "merece especial consideración" la situación de la III circunscripción, con cabecera en General Acha, por cuanto mientras la I circunscripción cuenta en materia civil con seis juzgados, dos secretarias de ejecución y un Juzgado del Menor y de la Familia, y la II circunscripción (General Pico), con tres juzgados y un juzgado del Menor y la Familia, la III circunscripción, "con la amplia extensión geográfica y poblacional que abarca, tiene tan sólo un solo órgano jurisdiccional multifuero, no cuenta con un sistema de consulta de expedientes, carece de un edificio que reúna las condiciones necesarias para un adecuado servicio de justicia y no cuenta de cuerpos multidisciplinarios para abordar problemáticas especificas".

"Si a eso le sumamos que hace más de una década fueron creados los juzgados regionales letrados en 25 de Mayo y Guatraché, pero nunca puestos en funcionamiento, podemos concluir que existe un claro relegamiento de esa circunscripción con respecto de las otras", acotó el Colegio.

La nota enfatiza que "similar situación deficitaria padecen las otras circunscripciones por distintas causas y/o motivos, pero no por ello menos importantes, y que requieren de igual modo una efectiva solución, porque de lo contrario advertimos que se avecinan tiempos difíciles para el servicio de justicia".

Por último, la entidad que agrupa a los abogados dijo que "es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo asignen los recursos necesarios y suficientes al Poder Judicial para brindar una adecuada administración de justicia, sin perjuicio de plantearse en un futuro próximo la necesidad de analizar la conveniencia de que el Superior Tribunal de Justicia realice, determine y ejecute en forma autónoma su propio presupuesto, debiendo considerar la difícil realidad existente y la necesaria e imperiosa modificación de la misma".

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