El STJ debe intervenir y suspender a Schaeffer

La actuación del juez de Instrucción de Las Lomitas en las causas penales que motivaron la detención por más de cuarenta días de humildes campesinos que habitan el predio rural conocido como “La Florencia” en el oeste provincial, ampliamente difundido por “Opinión Ciudadana” y otros medios de prensa extraprovinciales, obliga al Superior Tribunal de Justicia a intervenir dentro de sus facultades legales contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para muchos abogados del foro, el alto cuerpo debería disponer “la inmediata suspensión” del juez en sus funciones y promover jury para destituirlo.
Los profesionales del derecho consultados consideran que los integrantes del STJ no pueden continuar “mirando desde la tribuna” el ejercicio delictual de la función jurisdiccional por parte de jueces, especialmente los de instrucción penal, con gravísimas violaciones a derechos humanos esenciales. A todo evento, para el supuesto de que los miembros del STJ pretendan justificar su “neutralidad” con la excusa de que sólo le corresponde actuar cuando toman conocimiento de resoluciones por vía de los recursos, algunos memoriosos letrados recordaron que para liberar rápidamente al ministro Carlos Gerardo González, detenido por orden judicial del por entonces juez Ceferinoi Arroquigaray en una causa penal concreta, no tuvieron empacho alguno en recurrir a un simple acto administrativo (Acordada). Y el caso de privación ilegal de la libertad de los habitantes de “La Florencia” fue objeto de una formal denuncia dentro de un pedido de habeas corpus con expreso requerimiento de que así se lo considere, no obstante lo cual la presidente de la Cámara Criminal Segunda, Beatriz Zanín de Pignocchi, además de rechazar “in límine” el recurso, nada hizo respecto a la denuncia que esta obligada a atender por tratarse de delitos de acción pública los atribuidos al juez Schaeffer en el ejercicio de sus funciones.

LIBERTAD

Sobre las ordenes de detención librada por el extravagante magistrado de Las Lomitas cabe recordar que las mismas fueron dispuestas en actuaciones iniciadas por denuncia de un supuesto “damnificado”, en representación de la firma “Asociación de Parques SA” con un poder general que no lo habilitaba a tal fin y sin siquiera acreditar ser la propietaria del inmueble rural en posesión de los “intrusos” desde 1870 a través de varias generaciones de criollos y aborígenes. Claramente se evidencia para cualquier iniciado en el derecho que sin acreditar personería ni legitimación para accionar judicialmente en el caso concreto, en modo alguno se puede privar de la libertad a las personas , y menos mantenerlas detenidas por más de cuarenta días, como alegremente lo hizo el juez Pedro Schaeffer en actuaciones donde ni siquiera se priva de tener como imputado, ordenar su detención e incluirlo en la carátula del expediente, a una fuente de agua conocida como “Pozo Luciano”, en una muestra antológica de negligencia e irresponsabilidad en el ejercicio de lo que debería ser la excelsa tarea de “impartir justicia”.

Y tal como se consigna en el escrito de habeas corpus presentado ante la Cámara Criminal Segunda reclamando la libertad de los detenidos, el auto de procesamiento con prisión preventiva dictada por Schaeffer, al igual que las detenciones, si bien provino de “autoridad competente”, no fue dispuesta “en legal forma”, tal como lo obliga el artículo 17 de la Constitución de Formosa.

EXCARCELABLES

Es más, al privar de la libertad a los pobladores de “La Florencia” por delitos excarcelables, según lo expresamente admitido por el juez sentenciante, pero por la mera “posibilidad” de que la pena supere el mínimo legal, viola groseramente el principio constitucional de inocencia atentando contra los derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Por lo tanto el magistrado Schaeffer atentó directamente contra el derecho de gentes reconocido universalmente en razón de que la libertad, junto a la vida, son irrenunciables.

De tal forma se tipifica los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico, despojando arbitraria e ilegalmente de su libertad a humildes pobladores que ni remotamente se fugarían ya que su lucha es precisamente por permanecer en sus tierras, y sin que tuvieran las más mínima posibilidad de entorpecer las investigaciones, salvo claro esta en relación a su fuente de provisión de agua “Pozo Luciano”. Imputado que aún no pudo ser detenido por la policía y que, de ser hallado por el juez Schaefer, no será fácil esposar el agua, maltratarla y conducirla hasta los calabozos de la Alcaidía de Las Lomitas para alojarla durante más de cuarenta días.

El tiempo dirá si el incondicional apoyo de la “neoperonista” fiscal de Estado “Estrella” Zabala en el Consejo de la Magistratura le alcanzará a este inefable juez para que se radique en la ciudad capital a cargo del juzgado de Instrucción Nº 2, que es su máximo anhelo actual, sumando puntos en el certamen “Reprimiendo por un sueño”.

A propósito, antiguos y auténticos peronistas recordaban que Perón dijo que “entre el malo y el bruto, me quedo con el malo por que conocí muchos malos que se volvieron buenos, pero jamás me entere que un bruto se convirtiera en inteligente”. En su particular versión “justicialista” es evidente que la fiscal crea una categoría no prevista siquiera por el mismísimo general: “si además de malo es bruto, mejor”.

FACULTADES DEL STJ

Además del caso de “Martillo” González, integrante del STJ hasta la actualidad, quien fuera liberado por una acordada de los supremos jueces locales contra lo ordenado en resolución jurisdiccional propia de los magistrados de instrucción criminal, cabe tener presente que diversas normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial facultan al Alto Cuerpo a controlar la conducta de los magistrados, suspenderlos en el ejercicio de sus funciones mediante sanciones, como ocurriera con el mismo Ministro González, y promover el jury de enjuiciamiento para su destitución. El STJ no puede, ni debe, permanecer indiferente ante conductas delictuales de jueces y/o funcionarios judiciales agravando el descrédito institucional en que lamentablemente se ha caído. Los “trapos sucios” a los que alude el padre Francisco Nazar, no se limpian ignorándolos.

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