Me place recordar que durante el mes de mayo de 2013, se llevó adelante en el imponente Cine Teatro Catamarca, un importante “simulacro de juicio por jurados”, organizado por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y la Asociación Pensamiento Penal, que contó con un gran marco de público, algo así como setecientas personas y que tuvo una notable repercusión en nuestra sociedad.

Igualmente, es importante recordar que durante setiembre de 2013, la Escuela de Capacitación Judicial organizó las “I jornadas nacionales sobre Derecho Penal Juvenil”, que recibió la asistencia de quinientas personas que pudieron escuchar a los especialistas y evacuar dudas al respecto; un debate absolutamente enriquecedor con relación a una deuda (o más bien una gran deuda) de nuestro país con respecto a una ley especializada en materia penal juvenil, ergo, recordemos que Argentina ha recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuatro condenas internacionales en un lapso temporal de diez años, siendo en dos de estos casos puntuales advertido el país sobre la existencia, vigencia e imprescindible adecuación del anacrónico sistema penal juvenil imperante a los estándares internacionales de derechos humanos.

Ya durante este año, nuevamente la provincia de Catamarca se encontró en el centro de la escena jurídica cuando llevó adelante las “Jornadas de debate sobre el dnteproyecto del Código Penal”, organizadas nuevamente por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y la Asociación Pensamiento Penal que tuvo la asistencia de un gran marco de público, casi cuatrocientas personas participaron de este gran evento.

Y digo que nuestra provincia estuvo en el centro de la escena, debido a que la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (tal como lo destacó el coordinador del anteproyecto de reforma del Código Penal, doctor Roberto Carlés), fue la primera en el país en organizar y llevar adelante un debate tan importante.

Tal como lo expresé hasta aquí, digo que me es grato recordar estos eventos en razón de que nuestra provincia no solo es centro de debate de cuestiones jurídicas trascendentales sino que, además, ha venido formulando aportes en estas temáticas a los organismos encargados de trabajar en estas reformas.

Pero esto no es todo. En octubre, para ser preciso durante los días 1 y 2, el Poder Judicial, nuevamente a través de la Escuela de Capacitación Judicial, desarrollará en el Hotel Casino las “Segundas jornadas nacionales sobre Derecho Penal Juvenil”, con destacados expositores expertos y especialistas en la temática. Me refiero a Emilio García Méndez (presidente de Fundación Sur), Juan Lewis (ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe), Marcelo Altamirano (fiscal de Cámara de Córdoba, director del programa PUAM) y Miguel Rittatore (defensor de los Derechos del Niño de Córdoba y primero en entrar en funciones como abogado del niño en el país).

Los destacados profesionales junto con quienes ejercemos la Magistratura en materia de niñez en la provincia, trataremos de debatir con una multiplicidad de participantes una cuestión por demás trascendental: “la falta de un régimen penal juvenil acorde con los estándares internacionales de derechos humanos para nuestro país y provincia”.

Sin lugar a dudas que el debate será enriquecedor, y los distintos enfoques de los especialistas servirán de gran aporte para la conformación de un régimen penal de jóvenes infractores que se encuentra, al menos en nuestra provincia, en plena etapa legislativa de estudio y posible sanción; por ello, la participación de todos los actores que en el día tras día deben enfrentarse a la ardua misión de trabajar por la infancia infractora es fundamental, sobre todo quienes formamos parte del sistema penal juvenil, Policía, Justicia, sistema de protección, etc.; ergo estos espacios de discusión, incluso desde el disenso constructivo, son una oportunidad fundamental para aportar ideas con el solo fin de lograr el respeto por las garantías y derechos humanos de quienes por naturaleza son seres vulnerables y que merecen una respuesta concreta y eficaz por parte del Estado y, consecuentemente, evitar los efectos perniciosos que genera el conflicto penal entre víctimas y victimarios.

Enfrentarse a los problemas cotidianos que genera el delito juvenil y darles un adecuado marco legal que tienda a resolver el conflicto delictual con medidas alternativas que den una respuesta efectiva y eficaz a todas las partes involucradas (víctimas, victimarios y sociedad) es fundamental en un Estado democrático y, ello se logra sin duda alguna, con discusión y compromiso responsable.