Un debate con zonas oscuras

Por Graciela C. Romer

El gobierno nacional decidió enviar al Congreso un proyecto de ley que impulsa cambios en el régimen previsional y propone restituir al Estado el papel central en la administración de esos recursos.

La propuesta termina así con el sistema de las AFJP, inaugurado bajo la administración de Carlos Menem, cuando las voces dominantes de la política replicaban al son de la reforma del Estado, la capitalización de los fondos de pensión y de la mágica fuerza del mercado para ordenar la economía presente y futura de los argentinos. Pero la situación se muestra hoy bien diferente.

Desde distintos ámbitos y con diferentes registros y tonalidades, las voces de oposición a la propuesta gubernamental se han desplegado a través de los diversos canales de comunicación disponibles .

Sin embargo, el debate obligado que tal decisión amerita está plagado de zonas oscuras y argumentos que no permiten al ciudadano común hacer lo que todo debate público debiera expresar como objetivo. Por un lado, profundizar el nivel de conocimiento y participación ciudadana en los temas de interés público, especialmente en aquellas cuestiones estructurales que comprometen la calidad de la vida presente y futura de la población, y por otro, tratar de alcanzar niveles de consenso que aseguren la sustentabilidad y continuidad de la propuesta.

El sistema privado de jubilación tiene ya 14 años de existencia y atravesó -desde su nacimiento durante el menemismo-, y sin demasiados cuestionamientos políticos, las gestiones de la Alianza, la transición de Eduardo Duhalde, la gestión de Néstor Kirchner, y logró persistir hasta el presente.

¿Qué es lo que se está debatiendo verdaderamente? No por cierto las bondades o no de la llamada reestatización del sistema de previsión social para lograr una jubilación digna, a través de mecanismos solidarios intergeneracionales asegurados por el Estado, o las ventajas o no de la capitalización privada a través -fundamentalmente- de los fondos de capitalización que ofrece el mercado. Tampoco -y éste podría ser otro eje de debate- la necesidad o no de preservar los ahorros de los futuros jubilados de la crisis internacional.

En verdad, la opción de reparto tiene el aval de casi toda la clase política, incluso la opositora. La paradoja es que tiene al mismo tiempo la casi totalidad de su rechazo.

Al igual que meses atrás, durante la puja entre el Gobierno y el campo por las retenciones móviles, el escenario de la disputa política -con centro en el Congreso Nacional- está listo para ofrecer, una vez más, un ámbito de privilegio para medir fuerzas y delinear espacios de poder, especialmente los de la oposición al oficialismo.

Sucede que el que debería ser escenario obligado de debate y una nueva oportunidad en la que la madurez de nuestra democracia, sus partidos y sobre todo su dirigencia podrían ponerse a prueba se ha convertido, nuevamente, en una guerra de improperios, subjetividades y, sobre todo, en un espacio de viscosidad argumental que no pone en blanco sobre negro lo que está -o debiera estar- realmente en juego.

La autora es socióloga y directora de la consultora de opinión que lleva su nombre.

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