Debate sobre comentarios en internet: Guillón y Bogado insisten en el intervencionismo estatal para identificar a las personas

Debate sobre comentarios en internet: Guillón y Bogado insisten en el intervencionismo estatal para identificar a las personas

Durante la jornada los legisladores dijeron que las críticas al proyecto se deben a que “tocó intereses”, negaron que afecte la libertad de expresión y se pusieron a sí mismos como ejemplo de ataques aviesos desde el anonimato.

 

 

 

La presentación de Beatriz Bogado dejó en claro que al principio se plantearon la prohibición de los comentarios en internet como una alternativa plausible, pero finalmente la desecharon y optaron por la apelación a la responsabilidad social. “Cuando iniciamos este trabajo con el diputado Guillón teníamos dos caminos: o prohibir los comentarios en los portales o avanzar en apelar a la responsabilidad social en el ejercicio de la libertad de expresión, ya que el ejercicio de cualquier derecho esta nivelado a los derechos que tienen otros integrantes de la sociedad; y esto tiene que ver con la convivencia, con el criterio que tienen los legisladores en priorizar algunas cuestiones por encima del ejercicio de determinadas libertades, como es por ejemplo, la prohibición de fumar, donde se priorizó la salud y la vida de las personas aplicando restricciones de fumar en lugares públicos”.

La jornada tuvo lugar en el Recinto de Sesiones de la Legislatura chaqueña, y es la primera de una serie de dos que culminará en la localidad de Sáenz Peña. Se trata de debatir el proyecto 1313/14, que impulsa la regulación del anonimato en los comentarios de lectores de páginas y portales digitales de noticias, convocada por los autores de la iniciativa Beatriz Bogado y Rubén Guillón.

El proyecto apunta a que los usuarios se identifiquen ante sitios de internet al realizar y publicar comentarios, previéndose que el medio debe retener los datos de los usuarios y deberán exhibir un cartel imputando la exclusiva responsabilidad del lector aportante en los comentarios que realice. Asimismo, quien será la autoridad de aplicación de la norma, la Secretaría General de Gobernación estará facultada de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Bogado anunció en el transcurso de la jornada que se introdujeron modificaciones al texto original, “tras haber recepcionado los aportes formulados por el Sindicato de Prensa de la provincia y de organizaciones sociales que se hicieron eco de esta propuesta”. Curiosamente no mencionó el aporte específico de Diario Chaco, realizado a pedido de la comisión legislativa que analizó el proyecto, aunque tanto Bogado como Guillón aprovecharon la oportunidad para insinuar que fueron víctimas de diversos ataques (sendas notas de este diario se mostraron muy críticas respecto de la iniciativa) e incluso el legislador de General San Martín sugirió que las reacciones negativas ante el proyecto se debieron a que “evidentemente tocó intereses”, sin señalar ninguno en particular.

En la bienvenida, la legisladora agradeció la participación de distintos sectores en este tema que generó enorme interés en la comunidad “la voluntad que nos movió para presentar este proyecto es incorporar una normativa que llene un vacío legal, por eso decidimos convocar a esta jornada para debatir sobre este proyecto que pretender ser un humilde avance en la provincia sobre este problema sobre los vacíos legales que hay en la actualidad sobre el manejo de Internet por ello propiciamos este encuentro para conocer la opinión de empresarios, periodistas y organizaciones de la provincia y que estén afectados o interesados en aportar, fundamentar o criticar a esta iniciativa”.

“Esta – anticipó - es la primera de las jornadas que se realizarán, el próximo encuentro en fecha a confirmar se concretará en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña”. Por su parte, el diputado Rubén Guillón agradeció por el tiempo, el compromiso y la participación activa en este debate.

Durante el encuentro, Bogado se refirió a que este proyecto generó reacciones “en algunos casos muy virulentas” señaló “en el momento en que presentamos la iniciativa había una situación social desgarradora en que algunos vecinos tomaban en sus manos la justicia en lo que se dio en denominar el linchamiento de delincuentes. Por las redes sociales en algunos comentarios llamaban al linchamiento público de ambos diputados por haber presentado este proyecto, lo que deja en evidencia el grado de violencia que atraviesan comentarios anónimos”.

“Nos moviliza la convicción ideológica, ética y moral – explicó-, que la construcción de una sociedad es una construcción colectiva, donde todos somos responsables mas allá de las políticas públicas y los niveles de responsabilidad y que trasciende a los gobiernos municipales, provinciales y nacional, el Estado somos todos y la sociedad somos todos y cuando esto pasa esto nos interpela a los integrantes de lo que somos como sociedad”.

“Se ejerce violencia en las calles donde son víctimas mujeres, jóvenes y niños y el grado de violencia que hay entre jóvenes es preocupante y eso no conmueve enormemente a quienes queremos una sociedad mas equitativa justa y tolerante sin violencia”.

“Desde la mirada de la construcción colectiva – subrayó - las pautas culturales, la educación, lo que construimos entre todos harán el mejoramiento de estas pautas sociales y de funcionamiento, con la mirada puesta en niños y jóvenes que serán adultos en poco tiempo”.

“Cuando iniciamos este trabajo con el diputado Guillón – recordó - teníamos dos caminos: o prohibir los comentarios en los portales o avanzar en apelar a la responsabilidad social en el ejercicio de la libertad de expresión, ya que el ejercicio de cualquier derecho esta nivelado a los derechos que tienen otros integrantes de la sociedad; y esto tiene que ver con la convivencia, con el criterio que tienen los legisladores en priorizar algunas cuestiones por encima del ejercicio de determinadas libertades, como es por ejemplo, la prohibición de fumar, donde se priorizó la salud y la vida de las personas aplicando restricciones de fumar en lugares públicos”.

El diputado Rubén Guillón, manifestó que “este proyecto evidentemente ha tocado intereses y ha generado situaciones por desvirtuaciones de su texto. No se pretende censurar comentarios, no se afecta la libertad de prensa, solo pretendemos que el que los escribe se pueda identificar. Sabemos de la importancia y el factor determinante de Internet en la vida del hombre y las comunidades, y también somos conscientes de que hay una ausencia de normativa al respecto que abre la puerta para la comisión de delitos en los que entra en colisión el derecho a la libertad de expresión con el de la dignidad de la persona, su privacidad y su integridad”.

El legislador observó que “las libertades implican responsabilidades, fomentamos la opinión libre pero no compartimos la agresión; queremos una democracia con disenso, no se crece cuando todos pensamos por igual, se trata de ser responsables y dar la cara para asumir las consecuencias de nuestros dichos, de nuestros comentarios, ante la eventualidad de generar daños a terceros”. Insistió en que “somos concientes que Internet tiene sus ventajas y beneficios porque nos facilita el trabajo, pero constantemente es un escenario en el que se desacredita sin argumentos, se insulta sin reparos, se vulgariza la muerte, se promociona la violencia”.

Comentó que “estos días a partir de este proyecto nos han consultado de varios medios nacionales e incluso internacionales, me decía un periodista que nosotros no entendemos que este tipo de comentarios es habitual en las redes sociales, es lo normal. Eso yo no lo acepto, no me parece bien que se considere apropiado, el tema es dar elementos y medios para que alguien que se sienta afectado se pueda defender”.

El abogado Alejandro Quiroz, asesor de la diputada Bogado, mencionó precedentes jurisprudenciales haciendo en particular mención a una demanda en la que el buscador informático Google fue condenado a indemnizar con 10 mil pesos a un empresario que se sintió injuriado por un blog anónimo, perteneciente a la compañía de Internet, en el que se ironizaba sobre su desempeño laboral.

La medida fue dictada por la jueza civil de primera instancia Graciela Amabile Cibils, que criticó al anonimato en Internet y la falta de controles de Google para evitar este tipo de casos; el profesional destacó que “uno de los argumentos que se esgrimen para cuestionar este tipo de normativas es la libertad de expresión, la jueza Cibils lo que determina es que este derecho aparece desnaturalizado por quien habilita el comentario sin tener en cuenta el principio de responsabilidad recíproca”.

Agregó que “el anonimato impide la reparación, el principio de responsabilidad recíproca permite justamente esto, que el que se siente agraviado pueda requerir una reparación del daño; y mas allá de esto, una concepción importante que surge de esta causa es que el derecho no debe limitarse a la reparación sino que debe tender a la prevención del daño”.

Mencionó también el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la responsabilidad del sitio web Delfi por los comentarios de carácter difamatorio escritos por los usuarios, que “concluye que responsabilizar al editor es una medida razonable ya que publicar información y hacer visible los comentarios de los lectores es parte de la actividad profesional de Delfi, que lucra con las visitas que generan los comentarios” y enfatizó que “el proyecto no prevé cerrar los espacios sino contribuir a evitar los daños y construir una cultura para la paz”.   

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