El Gobierno nacional insinuó avanzar con una reforma a la ley de semillas por decreto pero retrocedió rápidamente, en medio del contexto político-económico. La intención, que había trascendido días atrás, hubiera representado una manera de superar el debate estancado en el Congreso, donde el proyecto quedó detenido.

Intereses empresarios, aliento gubernamental, respaldos y rechazos de entidades agropecuarias, opiniones divididas en las fuerzas partidarias y resistencias de asociaciones y colectivos de productores envuelven la discusión que no desaparece de la agenda política.

En concreto, la iniciativa fija modificaciones a la ley nacional 20.247 de semillas, de 1973, y avanza sobre aspectos claves. El proyecto establece que los productores deberán pagar regalías extendidas por la utilización de semillas más allá de la compra inicial. Hasta ahora tienen garantizado el uso propio sin restricciones.

El eje está puesto en la multiplicación de la semilla y, acaso, en la vedette de la actividad agropecuaria, la soja, que puede ser resembrada sin necesidad de realizar una nueva compra. Los productores pueden guardar granos y plantar en otra campaña agrícola, dado que se trata de una semilla autónoma. Es lo que se denomina el uso propio, ahora en discusión. Un agregado: la soja es atractiva por su alto nivel de exportación.

La reforma tuvo dictamen de comisión en 2018, aunque el oficialismo no logró llevar el proyecto al recinto, incluso exceptuando de regalías a pueblos originarios, agricultores familiares y productores con una facturación baja.

“La categoría micropyme está cerca de $10 millones, y todos los productores con esa facturación quedarían exceptuados. Me parece un monto razonable para a partir de ahí sí ya tener la obligación de retribuir a quienes investigan”, afirmó a La Tecla el diputado Atilio Benedetti, titular de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja.

Quienes promueven el proyecto sostienen que es necesario recompensar las investigaciones de empresa para mejorar las variedades vegetales. Además indican que ya hay firmas que celebran acuerdos privados en los que están fijadas de facto las regalías.

Si se formalizaran los cambios se estima que el mercado de semillas podría llegar a mover US$ 1.000 millones. Hoy, el mercado legal mueve US$ 200 millones, según trascendió en el debate.

Los críticos defienden el derecho al “uso propio” y cuestionan el modelo propuesto, al que consideran atravesado por la lógica comercial y promovido para maximimar ganancias millonarias.

“Lo que importa es el uso propio como un derecho inalienable y un acto inherente a la agricultura como actividad humana que debe ser considerado esencial para la diversidad genética y por lo tanto merece una protección especial, cualquier restricción atenta contra ella”, señaló Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos.