Debate por la nueva cárcel: bajaron negocio de un empresario

Debate por la nueva cárcel: bajaron negocio de un empresario

El Senado autorizó un endeudamiento por U$S 90 millones, pero hubo un brusco giro en el plan oficial: se desestimó el proyecto de Omar Álvarez, que ya no tendrá prioridad en la licitación ni cobrará $ 20 millones por la idea si no gana.

Con una modificación de última hora, ayer el Senado aprobó un nuevo endeudamiento por 90 millones de dólares para construir un establecimiento penitenciario. Si bien el desenlace era el esperado, el oficialismo dio un volantazo y se distanció de todo lo que dijo hasta ahora.

La cárcel ya no será de iniciativa privada y el proyecto a construir puede o no ser el del empresario Omar Álvarez (dueño de  un grupo de medios y de la constructora Obras Andinas), autor de la idea que impulsó todo el debate.

Este cambio de espíritu más que de letra se develó en la sesión de la Cámara alta de ayer, en la que el oficialismo modificó el libreto para defender el proyecto que originalmente redactó el ex gobernador Francisco Pérez (FpV), que el radicalismo avaló como oposición en 2014 y que reactualizó Alfredo Cornejo.

El cambio sustancial es que la obra, que se construirá con la intención de albergar a cerca de mil presos y así descomprimir el hacinamiento en las cárceles, no será de iniciativa privada sino a través de una licitación pública. 

“Mendoza no tiene una ley de iniciativa privada, a diferencia de la Nación”, cambió el eje de discusión el senador radical Juan Carlos Jaliff y explicó algunas interpretaciones en torno al proyecto que envió en su momento Pérez y que ayer revisó el Senado.

“Por más que había actuaciones previas del gobierno anterior que así lo decían, el mismo Pérez, al enviar el proyecto, no invocó la ley 5.507, de concesión de obras y servicios públicos”, señaló el senador.

Esta ley en cuestión, en su artículo 5, establece algunos “beneficios” que tiene el autor del proyecto en el proceso de licitación. Aquí se dice que, al momento de licitar, el empresario autor puede igualar la mejor oferta. Ahora bien, este privilegio es el que se desestimó ayer.

A su vez, hasta ahora, desde el gobierno había trascendido que en el caso de no ser Obras Andinas la que se quedará finalmente con la ejecución de la obra, la propiedad intelectual del proyecto debía ser comprada por $ 20 millones, a razón de $ 434 el metro cuadrado, en un complejo cálculo. Con el giro anunciado ayer, esto tampoco sucederá.

“Para llevar a ejecución la ley que hoy aprobamos es de aplicación el Decreto-Ley 4.416, de obras públicas y no la Ley 5.507”, insistió Jaliff, aclarando que será una licitación pública en todo su sentido, sin ningún tipo de privilegio a algún privado.

De esta manera, el gobierno de Cornejo no sólo se ahorra los 20 millones de pesos que tendría que pagar a Álvarez en caso de que él no ganara y tenga que comprar su idea, sino que se ahorra todo tipo de suspicacias en el caso de que Obras Andinas sí ganara la licitación, teniendo en cuenta el contexto nacional de denuncias por corrupción ligadas a la obra pública.

Es que los cuestionamientos no pasan tanto por la necesidad de construir más pabellones, ya que la provincia está bajo observación de organismos internacionales, que advierten situaciones inhumanas de los reclusos, a lo que se suman nuevas leyes que endurecen el régimen carcelario. 

Según cuentan off the record, el cambio de idea se terminó de cocinar esta semana, antes de la revisión del Senado. Es que hasta ahora, tanto miembros del Ejecutivo como los mismos diputados oficialistas hablaron de la iniciativa privada. 

“Se apuraron en tratarlo”, dijo ayer un senador sobre los diputados, haciendo referencia a la semana que se tomaron ellos para estudiar el texto y advertir que “la alternativa de la iniciativa privada no existe en nuestra legislación”.

Proyecto se busca

Sin el proyecto de Álvarez como la única posibilidad a realizar, lo único en claro que queda es el endeudamiento autorizado, aunque ahora hay que buscarle forma. En este sentido, hay varias alternativas. 

El proyecto de endeudamiento dice que el dinero que se podrá pedir prestado es para la “construcción de la institución diferenciada cerrada para la ejecución de pena”. Es decir, nunca se habla de nueva cárcel.

En este sentido, los legisladores estuvieron abiertos a la idea que plantearon profesionales del Ministerio de Economía, Infraestructura y

Energía: ampliar con cuatro pabellones nuevos el penal de Almafuerte y así tener más capacidad. 

“Esto nos beneficiaría ya que están todos los servicios instalados. Cuando se hizo Almafuerte, se realizó el proyecto inicial sin la ampliación. Sin dudas, hay que actualizar lo actualizable y trabajar de la mejor manera posible”, consideró el senador radical Jorge Palero.

Otra de las posibilidades es pedir “prestado” el proyecto a alguna provincia con una construcción de esta característica. “Esto se puede hacer a  través de un convenio entre los dos gobiernos”, explicó Palero y consideró casos de Santa Fe y Buenos Aires. 

Una tercera opción es que en el mismo proceso de licitación, que a partir de la sanción de ayer ya se puede poner en marcha, las empresas presenten sus propias ideas. Hay que tener en cuenta que a su vez, quienes quieran ofertar, también deberán aportar una posibilidad concreta de financiamiento de la obra.

 

Los ingenieros estatales sugirieron ampliar Almafuerte

Tal como lo adelantó este diario en su edición de ayer, en el debate por la nueva cárcel se sumó una nueva voz, la de los ingenieros de la Dirección de Administración de Contrato y Obra Pública, pertenecientes al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

Lo que dicen los profesionales estatales es que no hace falta gastar en un proyecto de un privado, cuando ya hay ideas desarrolladas por ingenieros estatales. Para manifestar esta postura, ayer estuvo en la Legislatura gente de esta dependencia, defendiendo la tarea que realizan.

“La penitenciaría Almafuerte (construida en 2007, en la gestión de Julio Cobos) fue un proyecto íntegro que se hizo por personal del Estado provincial. Nosotros informamos que el Gobierno tiene un proyecto totalmente listo que se construyó y que puede ser licitado en días. Es cuestión de actualizar los precios, nada más”, recordó el ingeniero Claudio Fortunato.

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